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El pasado 11 de enero, las víctimas en el caso de las intervenciones telefónicas durante el Gobierno (2009-14) del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presentaron una petición al juez de garantías, Jerónimo Mejía, para que se acelere la orden de detención provisional contra el acusado.
De acuerdo con los denunciantes, ya pasaron dos semanas desde que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la orden de detención provisional contra Martinelli, y aún no existe prueba en el expediente de que se esté tramitando su captura.
En la solicitud se le manifesta al juez que “actúe sin dilaciones no justificables en el cumplimiento de la decisión dictada por la honorable Corte Suprema de Justicia, de 21 de diciembre de 2015, por la cual se ordenó detener provisionalmente a Martinelli”.
“Nosotros, las partes intervinientes dentro de la presente carpeta penal, en nuestra doble condición de víctimas y querellantes, hemos constatado con preocupación que no se han incorporado a la carpetilla penal diligencias tendientes al cumplimiento de la decisión de nuestra Corte Suprema de Justicia, pleno, el día hábil siguiente a la fecha de la orden de detención”, agrega.
Se presentó la solicitud en base a los derechos que establece la Carta Magna de pedir el cumplimiento de la justicia en tiempo razonable y sin demoras injustificadas por el juez competente.
“Una conducta dilatoria para que no se cumpla este fin, resultaría injusta y contraria al estado de Derecho, por lo que pedimos imparta instrucciones para que se lleven a cabo todas las actuaciones judiciales”, expresan los denunciantes.
No se trata de la primera vez en la que se le solicita al juez acelerar el proceso. El año pasado se le recriminó a Mejía por su demora en notificar a la defensa de Martinelli de la acusación que le formuló el 9 de octubre de 2015 el fiscal de la causa, Harry Díaz.
En esa acusación se señaló a Martinelli como posible autor de los delitos de peculado, inviolabilidad del secreto de las comunicaciones y derecho a la intimidad por las escuchas a 150 personas, como mínimo.
Fuente: La Prensa.
