El sistema financiero de México elaboró una “lista negra” de 620 personas y empresas presuntamente relacionadas con el terrorismo internacional. Los ciudadanos estarían involucrados con Al-Qaeda y grupos del taliban; además, en el registro aparece el nombre de uno de los dirigentes principales del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
El documento fue actualizado el 6 de abril de 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro del listado aparecen empresas de Iraq, Irán, Uganda, Bosnia, Corea del Norte y la República Democrática del Congo. De esta manera, México bloqueó a las personas y empresas relacionadas para que no puedan realizar transacciones bancarias.
En la lista se identifican tres de los terroristas más buscados por el FBI: Isnilon Totoni Hapilon, Abdul Rahman Yasin y Saif al-Adel. Según el Consejo de Seguridad de la ONU, el primero fue incluido en su lista el 6 de diciembre de 2005 como persona asociada con Al-Qaeda por participar en la financiación, planificación, preparación y comisión de actos ejecutados por el grupo Abu Sayyaf. De igual forma, aparece el nombre de uno de los principales líderes del EI, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, agregado en la lista de la ONU desde el 23 de enero de 2015, por su asociación con Al-Qaeda.
El Gobierno mexicano bloqueó, por otra parte, empresas como la Fundación Benéfica Al-Haramain, con sedes en Indonesia, Pakistán, Somalia, Kenia y Tanzania, por estar, de igual forma, asociados con Al-Qaeda. El Bank of East Land fue registrado en la lista desde el 22 de enero de 2013 “por participar en programas de la República Popular Democrática de Corea relacionados con programas nucleares”.
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“Con ello México hace parte activa de un sistema internacional de seguridad y muestra solidaridad con una comunidad de naciones a las que pertenece. Ello quiere decir que somos aliados de Estados Unidos y los países europeos, y hay que colaborar con ellos en cuestiones de inteligencia financiera y otras medidas como seguridad fronteriza”, dijo el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Raúl Benítez Manaut.
La información entregada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se habría reservado por 12 años por “seguridad nacional”. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó la entrega de los documentos.
Fuente: El Universal