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Desde el día de ayer, 19 de noviembre, Uber empezó a funcionar en Uruguay, causando sorpresa entre los usuarios y funcionarios gubernamentales que no esperaban tan pronta entrada en operación.
Esto causó malestar ante las autoridades, quienes aún no autorizaban el funcionamiento de la empresa, y aseguraron que podrá conllevar sanciones, acciones civiles y penales contra ella, así como la posibilidad de requisar automóviles.
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La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) expresó mediante un comunicado emitido hacia Uber que de iniciarse su actividad “sin que medie una autorización expresa, se incurrirá en un incumplimiento de la normativa vigente”, y por ende “otras acciones civiles y/o penales que puedan corresponder”.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, afirmó que al constatarse la actividad que realiza Uber, los conductores pueden recibir sanciones graves e incluso la posible requisa de sus vehículos.
“Respetamos la libertad de cualquier empresa a promover sus actividades en el país, siempre que lo hagan en cumplimiento de las normas más elementales. Las obligaciones para cumplir un servicio de transporte de pasajeros son muy claras”, manifestó Rossi.
Uber no arriesga nada, puesto que se ampara en el vacío legal que existe en Uruguay para una empresa de “tecnología” que “solo se limita a conectar pasajeros con conductores y, por lo tanto, es legal”.
Soledad Lago Rodríguez, gerente de comunicación de Uber para el Cono Sur, sostiene que “la ausencia de una regulación adaptada a nuevos servicios como el que propone Uber no implica ilegalidad. La experiencia en más de 65 países nos indica que la discusión va a ser mucho más productiva con la aplicación funcionando. El objetivo es crear un marco regulatorio específico para servicios como Uber, que se traduzca en un hogar permanente para la plataforma en Montevideo”.
Las tasas de transporte que ofrece Uber son más baratas que aquellos ofrecidas por los taxistas uruguayos.
Fuentes: El Observador, El País.
