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Este martes se realizará la tercera marcha nacional para exigir la derogación de la Ley 840 (Ley del Gran Canal de Nicaragua). Los manifestantes tienes previsto llegar caminando, navegando ríos, en camiones, superando retenes policiales, desde diferentes zonas del país hasta llegar a Managua y sumarse a las protestas.
«Hay garantizados más de 100 camiones que vienen de la zona del norte de Nicaragua, y si en cada camión vienen 100 personas vamos a tener 10.000″, expresó Octavio Ortega, presidente de la Fundación de Municipios de Rivas (Fundemur), durante rueda de prensa.
Las autoridades establecieron retenes a lo largo de las carreteras que conectaban con Managua, resguardando la vía con las fuerzas policiales y antimotines, que retuvieron por varias horas a los campesinos que se dirigían a la capital.
Nelson Guillén, delegado del Ministerio de Transporte e Infraestructura en Nueva Guinea, expresó que nadie ha llegado a su oficina a pedir el permiso para poder transportar gente a la marcha, “Yo sé que cada vehículo tiene una circulación que dice cuánta gente va a transportar al destino que lleva, además nosotros estamos obligados a garantizar la seguridad de la gente, que el vehículo tenga todas las condiciones”, afirmó el funcionario.
Ángela Nuriz Sequeira, coordinadora del Consejo en Defensa de la Tierra y la Soberanía Nacional de El Tule, afirmó que cientos de campesinos no pudieron abordar los camiones y optaron por movilizarse en transporte público y vehículos particulares, mientras denunció el asedio e intimidación de las fuerzas antimotines para impedir la salida.
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La ley 840 que los campesinos esperan anular representa la entrega ilimitada del territorio nacional al concesionario extranjero.
Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na y miembro del Grupo Cocibolca se encuentra preocupada porque dentro de la ley no se establece que pasaría si el concesionario le incumple a Nicaragua, “de hecho, las pocas cosas que dice sobre eso son preocupantes, por ejemplo, el claro establecimiento de que al inversionista no se le puedan aplicar sanciones ni civiles, penales, ni administrativas, por el incumplimiento de sus obligaciones”, manifestó López.
Fuentes: La Prensa, Noticias Terra
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