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La Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala solicitó este jueves que se inicie un proceso de antejuicio contra Otto Pérez Leal, alcalde del municipio Mixco e hijo del expresidente Otto Pérez Molina, por presuntamente haber incurrido en el delito de desobediencia, al incumplir con el pago de prestaciones, salarios y reinstalaciones en el despacho que maneja.
Según reportaron los medios guatemaltecos, los funcionarios del Ministerio público consignaron la petición ante las oficinas de los tribunales de ese país, y esperan que sea remitido a la Corte Suprema de Justicia, para que el pleno designe un juez pesquisidor que se encargue de decidir si ´procede o no la solicitud de retirarle la inmunidad al funcionario.
Esta sería la segunda solicitud de antejuicio presentada contra el alcalde de la comuna de Mixco, pues en agosto de este mismo año el abogado Rodrigo Enrique Franco hizo la misma solicitud contra el mandatario local, por supuestamente haber cometido el delito de desobediencia, incumplimiento de pago y malversación de fondos.
Esa solicitud hecha por el abogado Franco fue admitida por la Corte Suprema de Justicia fue admitida, pues el jurista aseguró que en cuatro años de gestión, el alcalde jamás le pagó por sus honorarios profesionales.
De acuerdo con los medios locales, las leyes guatemaltecas establecen que a los funcionarios que gocen de inmunidad, debido a sus cargos, se les debe hacer un procedimiento de antejuicio por cada caso de denuncia que hagan en su contra, por lo que no tiene relación el caso del abogado Franco, con la nueva solicitud hecha por el Ministerio Público.
El hijo del expresidente guatemalteco busco ser reelegido para el cargo de alcalde, con el apoyo del Partido Patriota, en las elecciones celebradas el pasado 6 de septiembre, pero no consiguió la victoria. Mientras, su padre, Otto Pérez Molina, permanece detenido desde el pasado 4 de septiembre en la cárcel militar de Matamoros, por la investigación que se sigue en su contra por los delitos de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita, por su vinculación con la red delictiva del caso «La Línea».
Fuente: Prensa Libre, El Periódico.
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