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«Este es un caso en el que se viola de manera flagrante el debido proceso y la Constitución. Los delitos por los cuales imputaron a los hermanos Prato no exceden de ocho años y, por tanto, deben ser juzgados en libertad», declaró Luis Armando Betancourt, del Foro Penal.
Los hermanos Joselyn y Johan Prato fueron imputados por supuestamente abuchear a la ministra de Turismo, Marleny Contreras, esposa del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Igualmente Stella Lugo, gobernadora de Falcón, habría sido víctima de los abucheos el viernes pasado en el Parque Nacional Morrocoy.
Los padres de los jóvenes denunciaron que las autoridades violaron los derechos de sus hijos durante el traslado a la Penitenciaría General de Coro el pasado lunes. Además señalaron que sus hijos no estaban presentes en el lugar al momento de los abucheos.
Los señores explicaron que su hijo, quien trabaja como taxista, fue detenido después de que saliera a buscar comida en un restaurante. Luego hicieron lo mismo con su hermana Joselyn cuando ella le reclamó a un hombre por grabar un video de su familia y acusarlos de ser los responsables del abucheo que Contreras y Lugo recibieron. La joven, quien cursaba estudios de Ingeniería Petrolera en la Unefa de Barinas, fue trasladada en traje de baño a un comando policial.
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La mamá de los jóvenes comentó que nunca habían vivido una situación similar. Indicó que un miembro de la Guardia Nacional le ordenó a su hijo que se mantuviera arrodillado mientras que su hija, quien sufre de asma, recibió varios golpes de los militares, así como una fractura en el brazo, por lo que fue llevada a un hospital de Chichiriviche, y su familia tuvo que correr con todos los gastos médicos.
La familia Prato llegó a Cayo Sal cerca de la 1:00 pm, horas después de que las funcionarias recibieran el abucheo. Alrededor de las 4:00 pm los guardias detuvieron a Joselyn y a Johan.
Betancourt explicó que los crímenes que les imputaron a los hermanos incluyen ultraje, amenaza, instigación pública y resistencia a la autoridad, especificados en los artículos 218, 285 y 222 del Código Penal venezolano, además del artículo 40 de la Ley sobre la Protección a la Mujer.
Adicionalmente José Prato denunció que su residencia en Táchira fue allanada, así como la vivienda de su hija, ubicada en el estado Barinas.
A continuación se expone un audio con declaraciones de la mamá de los jóvenes:
Fuentes: El Nacional, Entorno Inteligente, Unidad Venezuela.
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