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El Salvador plantea una nueva estrategia de combate contra las maras, en la que se podrán dictar condenas por actos de terrorismo, que conllevarían a la extradición de los condenados hacia Estados Unidos, según declaraciones del fiscal General, Luis Martínez, en una entrevista realizada para un diario nacional.
Martínez afirma que ha “estado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos y que incluso por ser terroristas los vamos a extraditar a Estados Unidos. Hoy sí vamos a demostrar la fuerza del Estado. Vamos a imponer el orden, la justicia y la ley. Vamos a hacer que se respeten”.
Además, el funcionario explicó porqué serían acusados por terrorismo: “han atentado continuamente contra los polícias, contra los militares, contra un fiscal. Han atacado contra edificaciones como un mensaje hacia la institucionalidad. Vemos cómo atacan sedes policiales, los tribunales de Justicia, la sede del Parlamento CentroAmericano (Parlacen), contra un hotel de una cadena internacional”.
El Juzgado Especializado de Instrucción B decretó el viernes pasado prisión provisional para 140 pandilleros de los 300 que fueron acusados por el boicot al transporte público que ocurrió a finales del mes de julio; los demás aún esperan por un dictamen preliminar.
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Esta nueva estrategia para el combate contra la delincuencia incluirá nuevas operaciones para perseguir a los líderes de las maras, cortarles el suministro financiero y arrestar a sus miembros; para esto se aplicará la Ley del Lavado de Dinero y la Ley de Extinción de Dominio, con las cuales se interrumpirá cualquier fuente de financiamiento que posean las pandillas. También se asignarán equipos de policías y fiscales altamente calificados;”hemos constituido un equipo de fiscales con mucha experiencia y capacidad acompañados de 15 equipos de cuatro investigadores de la Policía Nacional Cívica (PNC), para perseguir la fuente de financiamiento de estos terroristas, de extinguirles el dominio de estos bienes ilícitos mal habidos, productos de las extorsiones y otros tipos de actividades delictivas”, expresó el fiscal Martínez.
La estrategia que han tomado las autoridades del Gobierno ocurre después del paro de transporte público que afectó a cerca de 1,3 millones de personas y causó grandes pérdidas a la economía salvadoreña.
Fuente: Contrapunto.
