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La corrupción en Guatemala afecta los derechos humanos y contribuye a la desigualdad. Así lo confirma un estudio presentado el miércoles 12 de agosto, denominado La corrupción: Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación, que fue realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Oxfam Internacional.
La investigación expone que los altos índices de corrupción afectan al crecimiento económico y al desarrollo social en Guatemala. Además, explica que factores como mala calidad institucional, legislación desactualizada, acceso restringido a la información pública, participación ciudadana escasa y conflictos de interés son causas principales de la corrupción en el país.
El estudio identifica aproximadamente unos Q$20.800 millones (US$2.700 millones) del presupuesto público del 2015 como «vulnerables a la corrupción»; esto representa 29% del total de los recursos asignados por vía presupuestaria.
Estos gastos están asignados a inversión pública administrada por el Listado Geográfico de Obras, a compra de insumos médicos, alimenticios, publicidad gubernamental, arrendamiento, armas, combustible y fideicomisos. Además, se supone que uno de cada cinco quetzales son malgastados por corrupción en estos rubros, por lo que se teme que 6% del presupuesto total se pierda, es decir, unos Q$4.160 millones (US$500 millones).
Los ministerios de Comunicación, Vivienda e Infraestructura, y Salud y Desarrollo Social son los más susceptibles de ser víctimas de la corrupción, de acuerdo con el trabajo investigativo.
Juan Alberto Fuentes, presidente de la Oxfam Internacional, explicó durante la presentación del estudio que la corrupción y la desigualdad están estrechamente relacionadas. “Por un lado la desigualdad tiende a favorecer la corrupción y, por otro, la corrupción, en sí, agudiza la desigualdad”, mencionó.
Además mencionó que la corrupción está en tres niveles: en la prestación de servicios públicos, en los trámites institucionales con funcionarios medios y, el más alto, en las altas esferas del Gobierno.
Por su parte, Ivan Velázquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sostuvo que “el problema grave es el costo social de la corrupción. Cada quetzal que se va al bolsillo vía corrupción es un quetzal que no llega a la educación, a la salud».
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El abogado colombiano añadió que si los recursos del Gobierno no responden a la demanda social, los ciudadanos buscan otra manera de subsistencia, como la migración.
Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi, hizo notoria su preocupación por los partidos políticos en Guatemala, pues ninguno ha presentado una propuesta específica para combatir a la corrupción. A su criterio, demuestra el poco interés de los políticos por transparentar los procesos, fortalecer las instituciones y actuar legalmente.
Luego hizo un llamado a los funcionarios públicos, movimientos políticos y a la ciudadanía para luchar contra la corrupción y exigir por sus derechos.
La investigación de estas dos organizaciones concluye con propuestas y posibles soluciones. La agenda incluye la actualización del marco legal, fortalecimiento institucional, generar más espacios para la participación ciudadana, reformas fiscales y un posible «pacto social» entre los países centroamericanos, para establecer prioridades y cumplir con las funciones básicas de los Gobiernos.
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