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El pasado lunes, el Gobierno de Brasil anunció una nueva legislación provisional que faculta al sector privado del país a reducir la jornada laboral de sus empleados en proporción a sus salarios. La medida está pensada para evitar despidos masivos por parte de las empresas, y ha sido denominada como Programa de Protección al Empleo (PPE).
Esta acción entra en vigencia luego de que la presidenta Dilma Rousseff firmase un decreto ejecutivo con el cual busca ayudar a sectores que, como el automotor, han experimentado una fuerte caída de la demanda en los últimos meses, y han despedido a miles de empleados tras reducir su producción.
La norma autoriza a empresas con dificultades financieras temporales a reducir la jornada de trabajo de sus empleados hasta en un 30%, con la consecuente reducción del salario en el mismo porcentaje, con el fin de reducir la producción sin tener que despedir trabajadores. Por su lado, el Estado asume la tarea de subsidiar al empleado afectado con el pago de hasta la mitad del valor de la pérdida salarial. Pese a que entrará en vigor este mismo lunes por contar con la firma de la jefa de Estado, la medida aún tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso, que le puede introducir modificaciones, e incluso vetarla.
Se tiene previsto que esta legislación especial rija hasta el 31 de diciembre de 2016, para cuando el Gobierno considera que estará superada la actual coyuntura económica negativa. Según el Gobierno, se espera que para el año próximo se supere la contracción del 1,5% del PIB que ha tenido lugar este año.
La economía brasileña viene de sufrir severos embates. No sólo hubo una contracción sino que puede enfrentar una posible recesión en el transcurso del 2015. Igualmente, al país lo aqueja la mayor inflación interanual de la última década. La situación ha forzado a la banca a subir las tasas de interés y ha impactado negativamente el consumo. En medio de todo esto, el desempleo ha venido creciendo también.
El secretario general de la Presidencia, Miguel Rossetto, aseguró en una rueda de prensa que el Gobierno creó un grupo interministerial para determinar cuáles son los sectores que podrán flexibilizar las jornadas y los salarios. En este sentido, expresó que los sectores beneficiarios de la medida serán anunciados este mismo mes. Igualmente, las empresas que quieran adoptar la legislación tendrán plazo hasta diciembre próximo para adherirse al programa.
Las empresas que se acojan tendrán que comprometerse a no despedir ningún empleado hasta al menos dos meses después de que la medida pierda vigor, es decir, hasta febrero de 2017.
Rousseff anunció la nueva legislación el lunes, luego de una reunión en la que participaron sus ministros y varios representantes sindicales. «Es más importante usar recursos públicos para mantener el empleo que para costear el desempleo. Se trata de un programa que beneficia a todos y que está orientado claramente a mantener los empleos durante el período de crisis»,expresóRossetto.
Se estipula que el subsidio tendrá un costo de 100 millones de reales (unos 33,3 millones de dólares) tan sólo este año, pero ayudará a preservar al menos 50.000 empleos.
Fuente: Entorno Inteligente.
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