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EnglishEl Gobierno de Costa Rica busca tener la posibilidad de decomisar los bienes y cuentas bancarias de contribuyentes morosos sin depender de una orden judicial; esto, de acuerdo con un proyecto de ley que envió el Ministerio de Economía el lunes 25 de mayo al Comité Económico del Congreso, el cual está presidido por Rosibel Ramos.
El proyecto de la Ley para Mejorar la Batalla Contra la Evasión Fiscal permitiría en principio que el recaudador de impuestos tome el control de las propiedades de los deudores, incluyendo la incautación de dinero depositado en las cuentas bancarias provenientes de salarios y/o jubilación.
Pero después de una fuerte oposición, encabezada por la socialcristiana Rosibel Ramos, el Gobierno decidió enviar un nuevo proyecto en el cual desiste de la idea de irrumpir en la propiedad privada de los considerados como “morosos”.
“No estamos haciendo el movimiento del cobro en sede administrativa”, aseguró el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez ” Ahora estamos fortaleciendo lo que hay, mejorando y agilizando el proceso, de manera que podamos hacerlo más eficiente “.
Ramos, quien se opone a la medida, dijo que el proyecto de ley “podría ser inconstitucional” porque podría violar el artículo 45 de la Constitución que establece que “la propiedad es inviolable”, y el principio de separación de poderes. “La autoridad fiscal sería juez y parte”, dijo.
El proyecto de ley es parte de la estrategia del presidente Luis Guillermo Solís para abordar el problema de la deuda del país. En 2014, la relación deuda-PIB de Costa Rica llegó a 39 por ciento, un récord de 10 años.
Si bien el proyecto original enfrentó una gran resistencia por parte de miembros de las propias filas de Solís, esta segunda versión presentada esta semana ha sido más aceptada. Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional, dijo el lunes que retiraría las 300 mociones que se han presentado contra el proyecto de ley.
“Creo que este es un buen paso y hemos avanzado bastante en aras de alcanzar acuerdos”, dijo Álvarez Desanti.
Dijo, sin embargo, que quieren una definición clara sobre en qué casos la autoridad fiscal podría embargar bienes de deudores sin una orden judicial. El único caso que apoyaría es “si el contribuyente se fue del país o se cierra su compañía, cuando está claro que trató de evitar el pago o querer ocultar activos”.
“En este caso nos sentimos inclinados a apoyar el proyecto de ley”, dijo.
Fuente: La Nación.
