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El pasado viernes, el Gobierno de Nicaragua impidió sin causa aparente el acceso a su territorio a dos activistas de derechos humanos cuando intentaban ingresar al país, explicaron organismos de derechos humanos.
Autoridades aeroportuarias impidieron la entrada al país al peruano Luis Carlos Buob y a la española Marta González, ambos miembros del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quienes fueron obligados a regresar al avión, denunció el Centro Nicaragüense para Derecho Humanos (Cenidh) en Managua.
Buob y González viajaron a Nicaragua para participar en reuniones vinculadas con la defensa de derechos humanos y para asistir a las celebraciones por el 25 aniversario del Cenidh.
Las autoridades nicaragüenses informaron a Buob que estaba denunciado por narcotráfico, aunque luego los oficiales se retractaron y «sólo señalaron que Nicaragua era soberana para decidir quien ingresaba al país», afirmó el Cejil.
“Durante años he podido ingresar a Nicaragua sin problema alguno, sin embargo lamento mucho que en esta ocasión se me haya impedido ingresar sin darme una razón válida,» explicó Buob.
«Estas actuaciones, limitan gravemente mi derecho a defender derechos humanos y confío en que habrá una investigación exhaustiva de estos hechos y que en el futuro no tendré limitaciones para continuar con mi labor”, agregó.
El abogado denunció que fue arrojado al suelo luego de cuestionar los motivos de lo que el Cenidh considera una «deportación».
“Fue una deportación. Buob fue agredido por oficiales de migración y fue amenazado con ponerle esposas, le quitaron el celular y junto a González fueron conducidos a la manga del avión nuevamente”, dijo la portavoz del Cenidh, Adelaide Moncada.
Mauro Ampié, director del organismo nicaragüense, exigió «explicaciones» y también consideró que el Gobierno de Daniel Ortega «debe pedir disculpas».
«Con la deportación de activistas del Cejil, el Gobierno de Nicaragua atacó la libertad de asociación y de expresión», dijo Carlos Ponce, director para los programas de América Latina de Freedom House.
«El Gobierno está acosando a cada vez más periodistas y defensores de derechos humanos porque trabajan en nombre de las poblaciones afectadas por el nuevo canal que conecta al Caribe con el océano Pacífico», agregó.
Buob participó en marzo de este año del 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Defensa de Derechos Humanos, colaborando con la delegación de organismos cívicos nicaragüenses.
En esa oportunidad, denunciaron al Gobierno de violar los derechos humanos en relación al proyecto del Gran Canal, que ha sido resistido por pobladores afectados por su construcción.
Fuente: Periodico Digital.
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