English Version
EnglishEl presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se prepara para tomar el control del servicio de internet mediante una empresa estatal que administrará los servicios de banda ancha, decidirá a quiénes entregará las concesiones para ofrecer dichos servicios y podrá exigir la entrega de información de los usuarios de Internet, de aprobarse una controvertido proyecto de ley que aún debe ser enviado a la Asamblea Nacional para su debate.
La normativa conocida como Ley de promoción y desarrollo de la red nacional de servicios de telecomunicaciones de banda ancha podría ser aprobada con facilidad por la mayoría sandinista de 63 diputados en la Asamblea Nacional.
El proyecto ya ha generado gran rechazo entre los nicaragüenses, debido a que le otorga al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos la facultad de obligar a las empresas que prestan el servicio de internet a proporcionar la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones, así como presentar toda la información técnica, económica y financiera que les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas.
La Asociación de Internet de Nicaragua, analistas y organizaciones de la sociedad civil aseguran que la de implementarse esta ley se violaría la privacidad de los ciudadanos.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y aliado empresarial de Ortega, manifestó su preocupación por la posible implementación de esta ley; aseguró estar totalmente en contra porque “busca el control absoluto de Internet y va en dirección contraria del esfuerzo absoluto del sector público y privado para atraer inversión al país (…) va en contra de la libertad económica”.
El capítulo nicaragüense de Pen Internacional —presidido por la escritora Gioconda Belli— rechazó, a través de un comunicado, “el control estatal de las comunicaciones, por constituir una violación del derecho inalienable a la libertad de expresión, a la privacidad de las personas, y del acceso irrestricto de los ciudadanos a los contenidos disponibles en Internet”.
La medida contradice declaraciones del presidente de Telcor, Orlando Castillo, quien en 2013 afirmó que el Gobierno no tenía intenciones de controlar las actividades de la población en internet.
Fuente: El País.
