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EnglishEl Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile expulsó a Agustín Edwards Eastman, dueño del diario El Mercurio, por dos faltas a la ética periodística. La resolución tomada por la asociación se produjo después de una investigación iniciada en noviembre contra Edwards.
La resolución se refiere a dos casos que ocurrieron en tiempos diferentes. El primero se refiere a la involucración del periódico en el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende por las Fuerzas Armadas en 1973.
La segunda se refiere a las violaciones a las normas del Colegio de Periodistas, cometidas por el acusado durante la represión policial ejercida en el Parque O’Higgins mientras el Papa Juan Pablo II visitaba Chile, en 1987. Como se expresa en el texto, el periódico jugó un papel importante en este caso, trayendo como consecuencia el arresto y tortura de dos jóvenes por parte del aparato de seguridad del régimen.
De acuerdo con la presidente de la asociación, Doris Jiménez, y los secretarios Humberto Zumarán, Pablo Vildósola, Hernán Ávalos y Claudio Espinoza, la resolución busca aplicar la máxima sanción que estipulan los Estatutos del Colegio de Periodistas de Chile, la expulsión. El artículo también estipula que la expulsión debe ser un asunto público.
El texto también expresa que durante la presidencia de Salvador Allende, Agustín Edwards desarrolló relaciones con organizaciones y autoridades internacionales con la intención de boicotear y desestabilizar el Gobierno.
En el caso de los dos jóvenes inocentes acusados de actos de violencia y rebelión, se cree que Edwards forzó a la periodista, Jenny del Rio, para encontrar fotografías en Dinacos (la infame División de Comunicación Social de la dictadura), para que la historia se publicara sin corroborar su veracidad.
Además, el texto menciona que El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, aprobó las acciones tomadas por la dictadura militar, incluyendo reportes no confirmados que encubrían una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, entre otros.
La sentencia es considerada un éxito en el desarrollo democrático de Chile por la asociación, especialmente para la presidente, Javiera Olivares. Muchos de los autores y periodistas que compartieron las opiniones de Olivares, alegan que es su responsabilidad periodística el “siempre hablar con la verdad y proteger los derechos democráticos”.
Edwards tiene 10 días para apelar la decisión del tribunal.
Fuente: Diario Uchile.
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