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Un sargento del Ejército venezolano, de nombre Frank Muños, y perteneciente al fronterizo estado de Delta Amacuro, en los límites con Guyana, fue detenido y procesado por los delitos de “insubordinación y desobediencia” por negarse a firmar una petición para que el presidente estadounidense, Barack Obama, derogue la Orden Ejecutiva que califica al país suramericano de “Amenaza Inusual y Extraordinaria” y que ha sido objeto de una masiva campaña del Gobierno venezolano, que afirma que Estados Unidos pretende invadir o bloquear a su país.
La orden de detención, según el periodista venezolano Javier Ignacio Mayorca, del diario El Nacional, ordena el confinamiento de Muños en el Centro Nacional de Procesados Militares, Cenapromil, también conocido como cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, a unos 30 kilómetros de la capital, Caracas, donde se encuentran recluidos los presos políticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.
Muños es el más reciente de una lista de personas que han sido coaccionadas a firmar contra el decreto de Obama, en la víspera de la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá, y a la cual el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aspira llevar estas rúbricas para pedirle a su par estadounidense que derogue la Orden Ejecutiva. Sin embargo, y que se conozca, es el primer detenido por este hecho.
En diversas instancias gubernamentales venezolanas, como la Corporación del Zulia, o en la empresa Carbones del Norte C.A. (Carbonorca) se han producido denuncias de despidos contra funcionarios que se han negado a estampar su rúbrica contra el decreto. Mientras, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, afirmó que el fin de semana, en la cárcel donde se encuentra su marido, funcionarios militares le exigieron firmar contra el decreto para poder pasar a visitarlo. Aunque se negó, no se le impidió el acceso.
En tanto, el alcalde del municipio caraqueño de Libertador, en Caracas, Jorge Rodríguez, anunció que entregó 10,4 millones de firmas (la meta del Gobierno era recoger 10 millones) a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien, instantáneamente, anunció que ya se habían validado, con un margen de error de solo 1,3% en ellas.
Lucena, recientemente ratificada para un segundo período de siete años al frente del CNE, ha sido frecuentemente cuestionada por la oposición venezolana por su obsecuencia frente al Gobierno, incluyendo el reconocimiento de la victoria del propio Maduro hace dos años, cuando ganó unas controvertidas elecciones contra el candidato opositor, Henrique Capriles, por un margen menor a 1%, sin auditoría posterior de los resultados.
El Gobierno venezolano espera que el de Obama retire las sanciones, luego de que el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Ben Rhodes, admitiera que calificar a Venezuela de “amenaza inusual y extraordinaria” era una fórmula estándar en las Órdenes Ejecutivas. No obstante, informalmente, a través de voceros, el Gobierno de EE.UU. señaló que las sanciones se mantendrán, incluso luego de que Thomas Shannon, consejero presidencial de la Secretaría de Estado, visitara Caracas y se reuniera personalmente con Maduro.
Fuentes: NTN24, El Universal.
