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La Policía Federal de Brasil desmanteló a una organización acusada de fraude fiscal dentro del Ministerio de Hacienda, y por al menos R$19.000 millones (US$5.900 millones), según informaron este jueves autoridades brasileñas.
Al menos diez miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo del Ministerio de Hacienda, están siendo investigados por supuestamente haber sido sobornados por varias empresas para manipular expedientes de casos de evasión de impuestos.
El caso puede ser «tan grande» como el de Petrobras, reconoció el director de Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal, Oslain Campos Santana.
Hasta ahora, se estima que el desfalco es de unos R$5.700 millones (US$1.780 millones), pero la policía sospecha que la cifra podría ser de hasta R$6.000 millones, de acuerdo con un comunicado oficial.
El jueves en la mañana, la policía irrumpió las oficinas del CARF en Brasilia, así como en las casas y despachos de consultores y abogados acusados de estar implicados en la trama en esa ciudad, y en los estados de Sao Paulo y Ceará. Incautó R$1,3 millones (US$406.000) en efectivo, en un procedimiento bautizado como Operación Zelotes.
De acuerdo con la policía, 70 compañías, sin identificar, están siendo investigadas al igual que consultores, fiscales y abogados sospechosos de actuar como intermediarios en la recepción de sobornos.
El fisco informó que las investigaciones habían iniciado a finales de 2013 y hay señales de que también se hayan cometido delitos por tráfico de influencias, corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero.
Gracias a esas investigaciones, se pudo descubrir que los funcionarios filtraban información privilegiada a oficinas de asesoría, consultorías y abogacía para que estas buscaran empresas que estuviesen interesadas en recibir «facilidades» en los juicios del CARF.
Además, se ofrecía la manipulación de procesos, la concesión de pedidos de aplazamiento y la obtención de fallos favorables.
Marlon Cajado, el comisario encargado de la operación, aseguró que los miembros de esta organización «vendían», a las empresas procesadas por evadir impuestos, la confección de recursos administrativos para de esta manera retrasar los expedientes.
Los acusados podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión.
La noticia se conoce en medio de el escándalo multimillonario de corrupción de Petrobras que ha logrado salpicar a decenas de políticos, ejecutivos de la petrolera y otras empresas. El escándalo, junto con la precaria situación económica de Brasil, afectó los índices de popularidad de la presidenta Dilma Rousseff.
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