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El gobierno uruguayo se negó este jueves a brindar información sobre un software que multiplica la capacidad de la Policía de interceptar comunicaciones, tras el pedido de una ONG que expresó preocupaciones por la invasión a la intimidad a las personas.
«Se implementa un sistema de vigilancia electrónica que puede intervenir la comunicación en redes sociales, internet y telefonía de cualquier persona», dijo Tania Da Rosa, abogada del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
En una audiencia celebrada en un tribunal, Da Rosa alegó que el sistema pretende violar la intimidad de las personas y por lo tanto la información respecto de su funcionamiento debería ser de carácter público.
Da Rosa aclaró que no pretende obtener «detalles técnicos del software que lo hagan vulnerable a un hackeo», pero exigió conocer quiénes están a cargo de la recolección de datos, del control de la herramienta y del tratamiento y destrucción de la información.
La compra del software Gaurdián fue realizada de manera confidencial y, según la representante del gobierno, «el protocolo [la información que solicitó CAinfo] es una ramificación de este proceso de compra», por tanto estaría amparado bajo el mismo secreto.
Pese al rechazo de brindar información, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior publicó este jueves un comunicado titulado «Guardián: Garantías para todos menos para la delincuencia», en el cual afirma que «su carácter legal está dado por la disposición expresa del juez competente en el marco de una investigación de carácter penal».
«La concentración en una única herramienta, con control directo del juez competente (que es el único que puede habilitar la interceptación merced a una llave digital), es —sin dudas— la principal garantía de su utilización», afirma el comunicado.
El Guardián, adquirido en 2013, permite monitorear hasta 800 teléfonos celulares, y 200 teléfonos fijos; también permite crear cuentas espejo de hasta 100 correos electrónicos y hasta tres redes sociales.
Fuente: El País.
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