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EnglishEn una manifestación “antiimperialista”, realizada el pasado sábado 28 de febrero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció medidas contra Estados Unidos: El mandatario socialista dijo que algunos diplomáticos estadounidenses tendrán que abandonar Venezuela, y que los turistas de la nación norteamericana tendrán que solicitar una visa, y pagar los mismos US$160 que tienen que cancelar los venezolanos para ingresar en EE.UU.
La medida busca “proteger a la nación” de “golpes de Estado” proclamados por el Gobierno venezolano, y para elevar aún más las apuestas, Maduro afirmó que su gobierno responderá a las sanciones a miembros del Gobierno venezolano acusados de violar los derechos humanos. Venezuela impondrá sus propias contra-sanciones —como lo hizo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en diciembre—, prohibiendo la entrada a Venezuela a presuntos perpetradores de violaciones de los derechos humanos en Irak, Siria y Vietnam.
En su discurso, Maduro no especificó cuantos funcionarios estadounidenses serán sujetos de la prohibición de ingreso a Venezuela. Nombró, sin embargo, al expresidente George W. Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el exdirector de la CIA George Tenet, los senadores Bob Menéndez (demócrata, New Jersey) y Marco Rubio (republicano, Florida) y a los diputados republicanos de Florida Ileana Ros Lethinen y Marío Diaz-Balart, ambos republicanos.
“No habrá entrada a Venezuela para los terroristas. Fuera, terroristas”, gritó Maduro.
Los congresistas citados, en cambio, se burlaron y desestimaron las estrategias y las etiquetas que les puso Maduro. Ros-Lethinen manifestó sentirse “orgullosa”, y, como Rubio ha dicho, “quiero que (Venezuela) tenga libertad, tenga derechos humanos, y ser sancionada por un dictador como Nicolás Maduro es como una medalla de honor”.
Los turistas estadounidenses tampoco han necesitado papeleo y tasas que los disuadan de visitar Venezuela. Su presencia en el país se ha desplomado en años recientes, por la severa inseguridad y agitación social que vive la nación suramericana.
Menéndez, a su vez, calificó las sanciones del Gobierno de Maduro como «un intento hueco para colocar el foco de atención lejos de sus defectos, pero la miseria que ha causado su administración es demasiado grande como para ignorarla», señaló.
Agregó que «el pueblo de Venezuela merece un futuro mejor» e instó al presidente Barack Obama «a acelerar las sanciones» contra los funcionarios venezolanos acusados de violación de los derechos humanos.
Mientras, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció en una entrevista televisiva que las medidas de su país ya habían sido comunicadas a Washington; que las mismas responden «al historial de injerencia de Estados Unidos en Venezuela» y que las mismas «son acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional y la convención de Viena».
Grupos de activistas venezolanos en el exterior, como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) con sede en Miami, se manifestaron también, señalando que «Maduro representa una amenaza para el pueblo de Venezuela, como para la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad de América Latina», indicó José Colina, presidente de la organización.
Fuentes: Guardian, Fox News, Partido Socialista Unido de Venezuela.
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