English Un juez federal argentino, encargado de investigar un caso de corrupción de alto perfil que involucra a la presidenta Cristina Kirchner, ha sido blanco de una amenaza de muerte, según un informe de La Voz citando fuentes gubernamentales.
El juez federal Claudio Bonadio recibió el jueves 29 de enero una carta con un mensaje que decía que la presidenta Kirchner ordenó su muerte, y le advertía que “cuidara de su hijo” porque “el Gobierno podría estarle armando una causa por drogas”. Al día siguiente presentó una denuncia, pero la noticia se conció recién públicamente hasta el miércoles 4 de febrero.
“[El escritor y periodista Jorge] Asís tenía razón. La yegua [en referencia a Kirchner] dio la orden de matarlo también. Y cuide a su hijo. Alguien escuchó que le están armando una causa por drogas en la provincia [de Buenos Aires] en [las ciudades de] Morón o San Isidro. Cuídese, señor juez”, afirma la carta.
La carta, entregada a la secretaria personal de Bonadío en su oficina, hace referencia al reconocido escritor y periodista Jorge Asís, que fue uno de los primeros en sugerir que el gobierno argentino podría estar detrás de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La nota fue escrita utilizando recortes de periódicos.
“Esto se suma a una serie de circunstancias que los jueces y fiscales están enfrentando. Estas cosas vienen de lugares oscuros, no puede determinarse cuáles son. Muestran su deseo de que los jueces actúen condicionados y sin independencia “, dijo Luis María Cabral, director de la Asociación de Jueces.
Bonadío ha estado investigando un esquema de lavado de dinero con la presunta participación de una empresa propiedad de la Presidenta Kirchner y el empresario Lázaro Báez, quien se ha adjudicado varios contratos lucrativos del gobierno desde que los Kirchner llegaron al poder en 2003.
Según las investigaciones, Báez alquiló casi 1.000 habitaciones por mes en un hotel propiedad de la presidente durante 2010 y 2011. Él había pagado alrededor de AR$10 millones (alrededor de US$2,5 millones en ese momento) por el alquiler de 935 habitaciones por mes durante dos años,sin tener en cuenta si las habitaciones se utilizaron o no, o la época del año. El juez sospecha que esta maniobra podría haber sido utilizada para el blanqueo de dinero obtenido a través de actividades corruptas.
Esta no es la primera vez que Bonadío ha estado en el centro de la controversia. En noviembre de 2014, un prominente partidario del Gobierno y líder piquetero, Luis D’Elía, —que también está involucrado en la denuncia de encubrimiento de Nisman— sugirió que la cabeza de Bonadio debería ser “simbólicamente” mostrada en una lanza delante del edificio que alberga a los tribunales federales.
En diciembre, el órgano encargado de la supervisión de los jueces decidió multar a Bonadio con el 30% de su salario por retrasar una decisión en dos casos no relacionados, en lo que se ha descrito como una reacción a la causa que lleva adelante contra Kirchner.