La Cámara Baja de Brasil tiene un nuevo presidente. Eduardo Cunha, diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue elegido el domingo 1 de febrero, con 267 votos, frente a Arlindo Chinaglia, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y abiertamente apoyado por el Gobierno, quien obtuvo 136.
A pesar de que el PMDB es el principal aliado del Gobierno en el Congreso, la candidatura de Cunha era rechazada por el Gobierno de Rousseff, puesto que promovía una mayor independencia del Legislativo frente al Ejecutivo. Esto se evidenció durante la elección, cuando el Gobierno envió ministros a la Cámara Baja para negociar apoyos a Chinaglia.
No obstante, luego de la votación, Cunha manifestó que pese al “claro intento de interferencia del Gobierno”, no tomará represalias. Sin embargo, recalcó que la Cámara de Diputados trabajará con total independencia del Ejecutivo. “No haremos oposición, pero no seremos sumisos”, dijo el diputado.
El ahora presidente del Congreso ha tenido varios enfrentamientos con la primera mandataria, tales como el proceso de votación de la Ley de Puertos en 2013, su oposición al control de los medios de comunicación que promueve el oficialismo y su apoyo a nuevos controles para Petrobras, envuelta en un escándalo de desvío de fondos en el que Rousseff se ha visto involucrada.
“Fue una campaña muy disputada, pero la gente dejó muy claro que buscaba la independencia del Parlamento. Este es el escenario donde se deben ejercer los debates que se necesitan y que se harán, con total certeza”, sostuvo Cunha.
Antes de las elecciones parlamentarias, Renan Calheiros del PMDB fue reelecto presidente del Senado con 49 votos, venciendo a Luiz Henrique, candidato del mismo partido, quien obtuvo 31.
Calheiros, partidario y aliado del Gobierno de Rousseff, tuvo que renunciar a ese cargo en medio de un proceso de corrupción en 2007. Manifestó que “las decisiones se tomarán de forma colectiva”, pues asegura que han “buscado el consenso hasta el límite”.
Cunha y Calheiros se reunirán este lunes para “afinar” una agenda común que acelere el proceso legislativo y así contribuir a “mejorar el ambiente de negocios” en el país.