EnglishEl exjefe policial guatemalteco Pedro García Arredondo, declarado culpable del incendio de la Embajada de España en Guatemala, en 1980, que dejó un saldo de 37 muertos, deberá resarcir con US$1,15 millones a las familias de seis de las víctimas de la tragedia.
Así lo ordenó un tribunal guatemalteco a través de una orden, aludiendo “daños morales” sufridos por los familiares. García Arredondo, quien el pasado lunes 19 de enero fue sentenciado a 90 años de prisión por su responsabilidad en el incendio, dispone de tres días para hacer efectivo el pago.
Los querellantes en el caso habían reclamado un resarcimiento de GUA$72 millones, (US$ 9,23 millones), pero el tribunal lo considero excesivo, y ordenó que el exjefe policial indemnice a las familias con GUA$9 millones (US$1,15 millones).
La matanza de la embajada española en Guatemala ocurrió el 31 de enero de 1980, cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar del general Fernando Romeo Lucas García asaltaron la sede diplomática ibérica luego de que fuera ocupada por campesinos y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar.
En la masacre murieron 37 personas, entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler, y los empleados españoles de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez. Además, aquel día perdieron la vida Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de Rigoberta Menchú.
La líder indígena, galardonada con el Nobel de la Paz en 1992, fue la primera testigo de la fiscalía en contra del exjefe policial y tambien es querellante en el caso. Su familia es una de las que deberán ser resarcidas.
Según el veredicto del tribunal, García Arredondo, de 69 años, “incurrió en los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad”. En ese entonces, el acusado dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional (PN) y, según la Fiscalía, fue él quien dio la orden de incendiar la embajada.
Los 90 años de prisión a los que fue sentenciado corresponden a 40 por su responsabilidad en el asesinato de las 37 personas, y otros 50 por la muerte de los estudiantes universitarios Gustavo Hernández y Jesús España, quienes fueron acribillados en el entierro de las víctimas dos días después de la masacre.
La guerra civil guatemalteca (1960-1996) resultó en, por lo menos, 245.000 personas muertas o desaparecidas, de acuerdo con un informe de la ONU.