EnglishHace 7.491 días que Argentina mantiene una herida abierta; una deuda pendiente con las 85 personas que murieron en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario judío del país. Tres días después de aquel fatídico 18 de julio de 1994, decenas de miles de personas se congregaron en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional. El reclamo era una solo: justicia.
La muerte en circunstancias que aún se desconocen de Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación, solo contribuye a alimentar los sentimientos de desahucio frente a un Estado del que nadie duda tiene su cuota de responsabilidad y complicidad en el caso AMIA.
La manifestación de ese 21 de julio de 1994 se conoció como “la marcha de los paraguas“. Era un día lluvioso en Buenos Aires y los paraguas dominaban el paisaje. Después de 20 años y 6 meses, esos paraguas aún siguen abiertos y el reclamo sigue siendo el mismo. Cada 18 de julio, durante el acto de conmemoración los amigos y familiares de las víctimas no pueden conmemorarlas en paz, sino que además deben exigir justicia.
Y, año tras año, las esperanzas de que los responsables de semejante acto criminal reciban su merecido castigo se desvanecen. La muerte en circunstancias que aún se desconocen de Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación, solo contribuye a alimentar los sentimientos de desahucio frente a un Estado del que nadie duda tiene su cuota de responsabilidad y complicidad en el caso AMIA.
Desde sus inicios, la causa AMIA estaba destinada a consagrar la impunidad. Ya en los albores de la investigación, las más altas esferas del poder político pusieron al Poder Judicial argentino al servicio de injusticia. Desde el expresidente Carlos Menem, acusado de instar al entonces juez Juan José Galeano —ahora destituido por las irregularidades durante la investigación de esa causa— a abandonar una de las lineas de investigación, hasta la actual presidente Cristina Kirchner, han sido parte de una verdadera infamia. En el medio, agentes policiales y de inteligencia, jueces, fiscales, ministros, funcionarios de segunda y tercera línea, todos estuvieron al servicio de la impunidad.
Argentina es, desde hace un largo tiempo, un país donde los que deben investigar, encubren; los que deben vigilar, miran para otro lado; y los que deben controlar, actúan sin controles. Cada organismo del Estado, con alguna relación con tareas de seguridad o justicia, está involucrado con el atentado, de una u otra forma. Cada uno hizo un aporte para construir una historia nefasta en torno al asesinato de 85 personas.
Murió, otra vez, una de las esperanzas para alcanzar la verdad. También muríó un esposo y un padre. Ya no son 85 los muertos, ahora son 86.
Desde que asumió la responsabilidad de investigar el atentado en 2004, Nisman comenzó a avanzar con firmeza en la hipótesis iraní. En 2006, en un dictamen de más de 800 páginas, el fiscal describió como funcionarios iraníes de alto nivel, incluido el entonces presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, planificaron el atentado; y miembros operativos del grupo terrorista libanés pro-iraní Hezbollah, lo llevaron a cabo.
La investigación parecía avanzar como nunca antes. Tras la acusación, la Interpol libró ordenes de detención contra algunos de los acusados. ¿Sería este el momento en el que finalmente la impunidad y el atentado terrorista tomaran caminos diferentes? Ni siquiera vale la pena intentar responder esta pregunta.
En 2011, el recientemente fallecido periodista Pepe Eliaschev anticipó la denuncia que Nisman hizo el pasado martes 13 de enero contra la presidenta Kirchner. “Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”, afirmaba un informe del canciller iraní sobre la posición argentina, según Eliaschev.
Dos años más tarde, Kirchner anunciaba la firma de un memorando de entendimiento que transformaba a la causa judicial en un asunto puramente político, en el cual los iraníes cumplían otro rol: dejaban de ser los acusados, e imputados, y pasaban a ser colaboradores para el esclarecimiento, inverosímiles compañeros de ruta.
La muerte del fiscal Nisman es tan solo otra confirmación de que la impunidad está inscrita en los genes de la causa AMIA. Murió, otra vez, una de las esperanzas para alcanzar la verdad. También muríó un esposo y un padre. Ya no son 85 los muertos, ahora son 86.
Este 19 de enero Buenos Aires amaneció lluviosa, al igual que aquel 21 de julio. Hoy, una vez más, resonará esa cita bíblica que se ha convertido en una consigna omnipresente: “Justicia, justicia perseguirás”.