El Gobierno de Guatemala no duda en aumentar impuestos, y su vicepresidente Roxana Baldetti no duda en evadirlos. En una maniobra para evitar el pago de impuestos, Baldetti habría declarado un valor mucho menor al real a la hora de adquirir un inmueble en 2013, según indica una investigación del diario local El Periódico publicada este lunes.
Baldetti, a cargo de coordinar el Gabinete Económico y la comisión encargada de perseguir el contrabando y el fraude de impuestos, declaró un valor menor de la propiedad para presuntamente evitar así el pago de los gravámenes correspondientes.
El 29 de agosto de 2013 Baldetti adquirió un inmueble de 180 metros cuadrados en Ciudad de Guatemala por GUA$50.000 (US$6.550), según dice la escritura. El vendedor fue su cuñado Carlos Roberto Córdova Molina, quien recibió un cheque de la vicepresidente por ese valor. Además Baldetti desembolsó GUA$1.500 (casi US$200) en concepto de IVA.
Sin embargo, según las valuaciones inmobiliarias de esa zona, un inmueble de las características que adquirió Baldetti podría llegar a cotizarse entre US$85.000 y US$100.000, es decir, más de 15 veces el valor abonado por la vicepresidente.
“Es una práctica usual, mas no legal. La intención que podría colegirse [inferirse] es evadir el IVA y el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Si con medios se demuestra que hubo intención de defraudar al fisco, es delito”, explicó Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
La vicepresidente negó haber comprado una casa por GUA$50.000 y aseguró no poseer inmuebles en la zona 5, donde está ubicada la cuestionada casa, aunque los documentos publicados por El Periódico demuestran lo contrario.
La operación inmobiliaria fue supervisada por la notaria Silia Giusela Marchena, vinculada con Juan Carlos Monzón, secretario privado de la presidencia de Guatemala.
Marchena goza actualmente de un contrato por GUA$1,5 millones (US$196.500) para prestar servicios a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) desde marzo hasta diciembre de 2014. Además, entre marzo de 2013 y junio pasado prestó servicios profesionales a la gerencia jurídica del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), por GUA$120.000 (US$15.700).
Fuente: El Periódico.