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La policía de la ciudad de Buenos Aires allanó este jueves las oficinas de una empresa propiedad de la presidente argentina, Cristina Kirchner. La requisa fue ordenada por el juez federal Claudio Bonadio tras una investigación por la falta de presentación de balances e irregularidades en los documentos legales de Hotesur, la empresa de la cual la presidente Cristina Kirchner es accionista.
El juez analiza indicios que sugieren una operación de lavado de dinero que la firma de la Kirchner presuntamente realizó junto con el empresario Lázaro Baéz, uno de los contratistas de obra pública más favorecidos por el Gobierno.
Hotesur, la firma allanada, administra Alto Calafate, uno de los hoteles que posee la presidente en la provincia de Santa Cruz, donde su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, desarrolló gran parte de su carrera política antes de asumir la presidencia en 2003.
Según las investigaciones, Báez le alquiló a Hotesur casi 1.000 habitaciones por mes a las empresas de la presidente durante 2010 y 2011. El empleado bancario devenido en poderoso empresario desde la asunción del matrimonio Kirchner al poder, pagó AR$10 millones (alrededor de US$2,5 millones de 2010) por el alquiler de 935 habitaciones por mes durante dos años, independientemente si estaban ocupadas o no, o si era temporada alta o baja; una maniobra que el juez sospecha que podría haber sido utilizada para lavar dinero proveniente de actos de corrupción.
El juez Bonadio además ordenó allanar los registros comerciales de la compañía propiedad de Kirchner en poder del Registro Público de Comercio, e información fiscal archivada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
«Este es un ataque despiadado del Poder Judicial, por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad», reclamó este viernes por la mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Para el funcionario, la decisión del juez de allanar una empresa propiedad de la presidente es «golpismo activo del Poder Judicial» contra el Gobierno y se quejó de una «clara persecución y un hostigamiento» a funcionarios.
Fuente: La Nación.
