Venezuela se vio obligada a responder este jueves preguntas precisas sobre las detenciones arbitrarias, los casos de tortura, los colectivos armados, y el hacinamiento carcelario, en su primera comparecencia en 12 años ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Desde Ginebra, Suiza, el organismo continuará hasta el viernes revisando el cumplimiento del Gobierno de Venezuela de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
En su exposición inicial, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana y jefe de la delegación venezolana, aseguró que “la “Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos”.
La respuesta no conformó a Jens Modvig, relator para Venezuela, quien inició la ronda de preguntas interrogando acerca de los hechos acontecidos en las protestas antigubernamentales de febrero.
“Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?”, preguntó.
Modvig aludió a 183 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos iniciadas por la Fiscalía General y solicitó al Gobierno que cuantifique el total de casos de tortura en conexión con las manifestaciones de febrero. Además, se citaron casos de abuso sexual y violaciones contra mujeres y hombres detenidos, y la impunidad predominante en estos casos.
La reunión prosiguió con preguntas sobre la militarización de las fuerzas de seguridad venezolanas y la situación de las cárceles. “La cárcel de Tocorón fue diseñada para albergar a 750 presos y en 2013 albergaba a 7 mil presos. Eso es una tragedia no es mero hacinamiento”, señaló Alessio Bruni, integrante del Comité. “¿Es correcto que 60% de los 53.000 reos no hayan sido aún juzgados?”, agregó el presidente del Comité contra la Tortura, Claudio Grossman.
Los presos político también fueron un tema recurrente. Los expertos denunciaron la situación en la que se encuentran detenidos Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese desde hace casi nueve meses. “Estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche. La detención en solitario e incomunicado se considera maltrato”, consideró la experta Felice Gaer.
El Comité recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. “Es la primera vez que veo un caso semejante de un juez que no solamente es objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelada por haber impuesto un acto jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones. ¿Una juez detenida, agredida y violada por ejercer sus funciones?”, preguntó sorprendido Abdoulaye Gaye, otro de los integrantes.
La sesión concluyó con preguntas sobre la impunidad que prevalece ante las torturas. “Entre 2003 y 2011 solamente 12 funcionarios han sido juzgados por actos de tortura y 127 por causar lesiones. Esta es una proporción muy pequeña de los más de 9.000 casos de tortura documentados por organizaciones durante el mismo período. ¿Cómo combaten la impunidad?”, preguntó el experto Gaer.
Fuente: El Nacional.