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EnglishLa oposición brasileña está cerca de cumplir uno de sus objetivos prioritarios. Este martes, la Cámara de Diputados derogó un decreto firmado en mayo por la presidenta Dilma Rousseff a través del cual delegaba facultades del Estado a movimientos sociales mediante la llamada Política Nacional de Participación Social.
El decreto había sido duramente criticado por haber sido aprobado unilateralmente por la presidenta, y por privilegiar a movimientos sociales aliados al oficialismo.
Los diputados opositores a la medida, liderados por el presidente de la Cámara, Henrique Alves, demostraron un férrea oposición al decreto y aseguraron que iban a bloquear cualquier eventual votación hasta tanto no este no fuera votado.
«Esta derrota es educativa. Es para demostrar que los discursos sobre el diálogo, de conversación con el Congreso Nacional, no pueden estar solo en la teoría, tienen que acontecer en la práctica», afirmó el diputado Lúcio Vieira Lima del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
El Gobierno de Rousseff podría haber evitado la derrota. Tres meses antes del inicio de la campaña electoral, Alves le sugirió a la presidenta retirar el decreto y reformularlo en un proyecto de ley para que fuera votado por el Congreso. El Gobierno se negó e incluso ignoró la recomendación de sectores aliados de retirar el decreto después de la victoria electoral.
Desde el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) acusaron a Alves de impulsar la votación en represalia por el apoyo que el PT brindó a su adversario en la carrera por la gobernación de Río Grande do Norte, y sostuvieron que votó «con sangre en los ojos».
A comienzos de año, el Decreto 8.243 que proponía «fortalecer y promover los mecanismos democráticos y foros para el diálogo y la acción conjunta entre el Gobierno federal y la sociedad civil» fue repudiado por ser considerado un ataque a la democracia representativa y una estrategia para implementar una estructura similar al Estado Comunal instaurado en Venezuela. Ahora, la derogación del decreto deberá ser tratada en el Senado.
