EnglishLa Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que República Dominicana es responsable de “privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití” entre 1999 y 2000.
La sentencia, que emitida el 28 de agosto y que fue notificada recién este miércoles, “determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”.
“Los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos, las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que acreditara su nacionalidad”, señala .
El fallo describe a República Dominicana como “responsable internacionalmente por la violación” de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que resguardan “los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad”.
La decisión, además, menciona “la violación de derechos del niño” en el caso de cuatro menores “quienes nacieron en el territorio dominicano, pero no habían sido registrados ni contaban con documentación que acreditara su identidad y nacionalidad”.
La Corte también consideró que una resolución del Tribunal Constitucional dominicano en 2013 que desnacionalizó a 200.000 dominicanos, no era compatible con el instrumento continental de derechos humanos.
“Tratar a las personas nacidas en la República Dominicana como extranjeras en un proceso de naturalización, aunque sea por un tiempo muy limitado, implica un desconocimiento de su derecho a la nacionalidad”, afirmó Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que patrocinó a las víctimas haitianas.
El tribunal ordenó al Estado dominicano la adopción de “medidas de reparación integral” que reestablezcan la vigencia de los derechos vulnerados, y de “capacitación de carácter continúo y permanente ” a los integrantes de las fuerzas armadas y funcionarios vinculados con tareas migratorias.