Rafael Correa, presidente de Ecuador, envió el 14 de julio un proyecto de ley al Congreso para reformar la Ley de Telecomunicaciones con el objetivo de que se destinen 12% de las utilidades de las empresas a la inversión social y al desarrollo del sector. Además, otro 3% se destribuiría entre los trabajadores de las compañías.
La propuesta del ejecutivo ecuatoriano obligaría a las compañías de telecomunicaciones a destinar un total del 15% de sus utilidades para estos fines. Además, dicha iniciativa incorporará un nuevo artículo que establecería “la facultad privativa del Estado para administrar, regular y controlar la utilización del espectro radioeléctrico de acuerdo con los intereses nacionales”.
La iniciativa fue llevada ayer por Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su revisión y envío a la comisión legislativa correspondiente.
El primer mandatario había expresado el pasado 6 de junio que las empresas de telefonía tienen una “altísima rentabilidad” y que el negocio es ahora mucho más rentable de lo que era en 2008, cuando concesionaron los espacio radioeléctricos.
Desde el ejecutivo ecuatoriano justifican la medida con los artículos 261 y 313 de la Constitución. En ellos, la ley establece que el “Estado tendrá competencia exclusiva sobre el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones” y que “le otorga total derecho de administrar, regular y controlar las telecomunicaciones porque son de carácter estratégico”.
En Ecuador existen 17,6 millones de líneas en actividad actualmente. La empresa Claro reportó utilidades netas entre el 2009 y 2013 de US$962 millones, mientras que Otecel S.A (Movistar) obtuvo US$309 millones.
Fuentes: El Comercio, Hoy.