La sospecha de que una juez de la provincia Limón, en Costa Rica, cobró US$40.000 de parte de un narcotraficante que pedía su liberación, ha despertado las alertas del sistema judicial costarricense esta semana. La juez habría sugerido a dos colegas suyos dejar en libertad al criminal.
La Corte Plena del Poder Judicial de este país convocó hace una semana una sesión extraordinaria de emergencia para abrir una investigación que permita diagnosticar si el caso de la juez de Limón es un hecho aislado o si se trata de una red de corrupción.
“En una dimensión que todavía se puede afrontar, el narcotráfico está penetrando en el Poder Judicial”, dijo a la prensa local el magistrado Paul Rueda, uno de los 22 miembros de la Corte Plena. El objetivo de la sesión extraordinaria es tener en 30 días un informe útil para plantear reformas que ahuyenten al crimen organizado, en especial al narcotráfico que suele cruzar por este país en su ruta desde el sur hacia América del Norte.
La prensa había informado hace seis días que los jueces no quieren ser destacados en la región de Limón y en otras del Caribe por temor a enfrentar los casos de narcotráfico. La Corte Suprema indicó que diseñaría un plan de incentivos salariales para colocar a jueces de alto prestigio y perfil en estos cargos.