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EnglishEn la mañana del sábado pasado, autoridades de Costa Rica desmantelaron una compleja red de inmigración ilegal que tenía más de diez años de operación en las ciudades norteñas de La Cruz, Liberia y Bagaces. La policía costarricense acusa al grupo criminal de traer ilegalmente a nicaragüenses al país a cambio del pago de US$130 a US$160 por persona.
Como resultado de los 24 allanamientos simultáneos ese día en la provincia de Guanacaste, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestó a 14 sospechosos, incluyendo a 5 oficiales de la policía local, y a 57 nicaragüenses que serán deportados a su país de origen una vez concluidos los interrogatorios. Los investigadores de la OIJ habían tenido en la mira a la red delictiva durante una década. La red operaba a través de pandillas (“Los Talibanes” y “Los Catanos”), pero no fue hasta esta semana que pudieron recolectar suficiente evidencia para realizar una intervención que llevara a una imputación criminal efectiva. Las sofisticadas estrategias para burlar los controles fronterizos y la connivencia de la policía local que alertaba a los miembros de la red, dificultaba enormemente el trabajo policial.
Costa rica, de economía estable en comparación con sus vecinos, recibe un influjo masivo de personas cada año que buscan obtener la residencia legal y permisos de trabajo, lo cual implica procesos burocráticos y costosos que pueden tomar años. La mayoría de estos inmigrantes provienen de la vecina y mucho más pobre Nicaragua. De hecho, se estima que 450.000 de nicaragüenses viven actualmente en Costa Rica, muchos ilegalmente, buscando mejores condiciones de vida. El año pasado, el gobierno costarricense intentó desincentivar la inmigración al incrementar los requisitos para la obtención de visas de entrada y las multas por estadía ilegal prolongada en el territorio.
Fuente: Tico Times.
