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Según informó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en un informe, las autoridades hondureñas no cometieron crímenes de lesa humanidad durante la crisis política que comenzó en Honduras el 28 de junio de 2009.
En el mismo informe, y en relación a la denuncia de una violación masiva de los Derechos Humanos, la Fiscalía admite que las “restricciones a las libertades de movimiento, expresión y asociación y un gran número de detenciones breves” no pueden calificarse como un un ataque masivo contra los opositores al régimen que gobernaba en ese tiempo.
Sobre las denuncias de persecución a la oposición, la Fiscalía declaró que los hechos analizados no alcanzan el nivel requerido por el Estatuto de Roma para considerarse de tal forma. La violencia se realizaba en el “contexto de demostraciones públicas y no como parte de un patrón de conducta consistente y organizado del Gobierno contra los oponentes al régimen”.
Fuente: La Prensa.
