EnglishHace 481 años, en las laderas del volcán Pichincha, se fundó la ciudad de Quito. La primera semana de diciembre de cada año, la capital de los ecuatorianos se viste con sus mejores tradiciones. Los quiteños adquieren ese aire festivo desde el primer día del mes hasta el día seis, fecha en que se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad.
Este año, en plenos días de fiesta, la Asamblea Nacional se prepara para aprobar de espaldas al pueblo una serie de enmiendas a la Constitución. Cien asambleístas del partido de Gobierno en Ecuador se prestan a aprobar condiciones legales que les permitirán concentrar aún más el poder que hoy detentan.
Mientras muchos quiteños juegan Cuarenta (juego típico de fiestas de Quito) y toman canelazos (bebida tradicional quiteña), los asambleístas juegan con el destino de la república, fortaleciendo el modelo líder-masa y ampliando las herramientas jurídicas para implantar el modelo socialista.
A primera hora de la mañana del 3 de diciembre los exteriores de la Asamblea Nacional se han llenado de afines al régimen, alambres de púas y militares. Todo con la finalidad de contener una posible reacción de los ciudadanos conscientes del peligro que suponen estos cambios.
[adrotate group=”7″]No es para menos, cuando entre los dieciseis cambios se encuentran asuntos como elevar a norma constitucional el estatus de la comunicación como servicio público; esto se traduciría en la práctica en que el Estado es el garante y tutor de la comunicación. En cualquier democracia moderna esto sería una barbaridad, sin embargo, no para este Gobierno, que en la práctica busca que la comunicación sea su propia versión de los hechos.
Este cambio oscurece aún más la tan abofeteada libertad de prensa en el país andino. Como antecedente basta recordar el rol de la tristemente célebre Secretaría de Comunicación (Secom), pues sus funcionarios han sancionado a tuiteros, periodistas y medios de comunicación que no entran dentro de la lógica discursiva del Gobierno.
La enmienda que propone cambios en la reelección, que ahora será indefinida y consecutiva, pone en peligro la democracia y el carácter republicano del régimen político. Si al hiperpresidencialismo vigente, el bajo nivel de frenos institucionales al poder, el uso de los recursos del Estado para hacer campaña permanente y al carácter autoritario de los Gobiernos latinoamericanos, le unimos la reelección indefinida, se vislumbra un peligroso escenario para los derechos y garantías individuales, que estarían subordinadas a la voluntad del caudillo de turno.
Estas modificaciones al ordenamiento jurídico tienen la intención de perpetuar el proyecto del presidente Rafael Correa
El fallecido filósofo y politólogo postmarxista Ernesto Laclau pensaba que la concentración del poder en manos de un líder es necesaria para lograr el cambio político en América Latina. Así que no debe llamar la atención esta tenaza legal que se cierne sobre la sociedad ecuatoriana. Todo es coherente con el modelo del socialismo del siglo XXI. Basta hurgar un poco en el informe para primer debate que envía la comisión de asambleístas a la presidencia de la Asamblea para confirmar esto.
Uno de los argumentos esgrime que “desde el año 2007, nuestro país ha venido experimentando un profundo proceso de transformación social, económica, política interna y externa, en el cual no solo se han dejado atrás prácticas inmisericordes de distribuir las riquezas en el minúsculo grupo de siempre, sino que se ha revertido un Gobierno del pueblo para el pueblo, respetando todas sus dimensiones, así como la dignidad de las personas y de las colectividades; acercándose a él y acercándole las herramientas que le permitan mejorar su nivel integral de vida, en una nueva forma de convivencia ciudadana, de diversidad y de armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir: el sumak kawsay“.
Con lo cual queda revelada la naturaleza servil de los cambios propuestos. No es necesario engañarse, estas modificaciones al ordenamiento jurídico ecuatoriano tienen la intención de facilitar la perpetuación del proyecto político del presidente Rafael Correa y su partido Alianza País.