¿Qué pasaría si la región y el mundo neciamente siguen optando por las vías diplomáticas para intentar resolver el caso venezolano? ¿Qué pasaría si continúan rechazando, en su mayoría, la alternativa de la fuerza? Nada de ello altera la realidad. Y eso lo sabe muy bien Colombia, afortunadamente.
La región podrá seguir jugando al apaciguamiento con un régimen criminal y de pretensiones expansionistas (me refiero, también, a Cuba) pero, ¿qué hará cuando invadan Polonia o mueran más kosovares? ¿Qué hará cuando ocurra lo inminente, cuando la realidad sea simplemente insostenible? Suenan los tambores, que los malos ya probarán su blitzkrieg.
En este caso Polonia es Colombia y se expone a una desestabilización demográfica y económica que ningún país podría aguantar; pero, además, ya todos sabemos gracias a la revista Semana que existe un proyecto para desequilibrar a la sociedad y al Estado colombiano por la vía de atentados precisos.
Ante esa realidad —nuevamente, ineludible y que siempre se impondrá—, hemos visto ciertos gestos del Gobierno colombiano que hablan de una voluntad de preparación ante la eventual utilización de la fuerza y el conflicto.
Iván Duque, quien ha encabezado los esfuerzos regionales por llevar a la dictadura chavista a la Corte Penal Internacional, lleva meses asomando muy bien su disposición de confrontar en todos los terrenos al régimen de Nicolás Maduro y su ánimo de amparar grupos terroristas colombianos. En mayo de este año, fue el colombiano el que invitó «a Guaidó a facilitar la captura de miembros del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela».
Asimismo, Duque ha venido solicitando “hacer valer” la herramienta de la Resolución 1373 de las Naciones Unidas frente al hecho de que Venezuela es hoy santuario de terroristas. Como detalle notable, en medio de una narrativa que se ha venido construyendo, vale señalar que como embajador ante las Naciones Unidas el Gobierno de Duque designó en octubre del año pasado a Guillermo Fernández de Soto, el mismo que en septiembre de 2001, cuando se aprobó la Resolución sobre el terrorismo, estaba en el Consejo de Seguridad. Dicha resolución es severa ante los Estados que pretenden cobijar a estas asociaciones criminales.
Ha sido Duque, también, uno de los más enérgicos promotores de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en la Organización de Estados Americanos con respecto al caso venezolano. El discurso del canciller Carlos Holmes Trujillo de esta semana demostró cuán en serio se toma Colombia la amenaza que representa Venezuela como paraíso de criminales.
“En los últimos tres años los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela”, denunció ante la Organización el canciller. De igual forma, el embajador colombiano Alejandro Ordoñez fue tajante: “¿Acaso convertirse en una empresa criminal no es una amenaza? ¿Acaso propiciar, financiar y armar al terrorismo para que afecte a Colombia y a otros países no es una amenaza?”.
“¡Es una amenaza continental!”, remató el embajador. Y, siendo inusual, fue ruidosamente aplaudido.
Luego de que todos nos enteramos de la decisión de las FARC de retomar las armas, Iván Duque anunció su determinación de combatir al grupo terrorista. También anunció algo clave a todos: habló por teléfono con el presidente legítimo Juan Guaidó.
Se desconocen los términos de la conversación, pero uno podría especular: no fue afable; en cambio, se dieron órdenes. “Necesitamos A, B y C”. A las horas desde Venezuela se informaba lo siguiente: autorización a satélites para ubicar a los cabecillas de las FARC en territorio venezolano y la declaración en el Parlamento de esos grupos como terroristas.
Lo he escrito y sostengo: para Colombia, su Gobierno, y los colombianos, la resolución de la tragedia venezolana es un tema de supervivencia. Su existencia estable como Estado democrático y civilizado hoy pasa por lograr esos objetivos superiores. No podrá el país de Duque —y su Gobierno— aguantar el desarrollo de esta dinámica que contempla otros millones de migrantes y amenazas letales a su seguridad.
No hay duda: el Gobierno colombiano lleva meses preparando el argumento legal y político para lo inminente. Jamás será lo deseable, pero en Nariño entienden muy bien que la realidad no se puede alterar y que siempre se terminará imponiendo. Lo clave hoy es si frente a la Lafayatte Square en DC también lo comprenden.
Pero, como dice esa frase que alguna vez apuntó la filósofa Ayn Rand, “se puede evadir la realidad pero no se pueden eludir las consecuencias de evadir la realidad”.
Cuando se ensaya la blitzkrieg o cientos de miles de kosovares son asediados por fuerzas invasoras, quedarse de brazos cruzados no es una opción.