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Lo que fue una decisión histórica del legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio terminó —por ahora— siendo desoída por el Parlamento venezolano, presuntamente opositor. A esta última institución la máxima Corte le encargó la responsabilidad de admitir el juicio para continuar con el procedimiento penal.
La decisión del Tribunal Supremo, de este 9 de abril, consistió en una estocada decisiva en contra del dictador Nicolás Maduro. Se admitió el antejuicio de mérito y se ordenó la prisión.
“Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros […] Se ordena notificar a Interpol para proceder con la captura contra Nicolás Maduro”, señaló el fallo del Tribunal en el exilio.
Aunque no fuese una decisión vinculante, tiene implicaciones esenciales. El panorama político cambia, ciertamente. Se trata de la confrontación entre poderes necesaria para desestabilizar al régimen chavista. Además, tiene importancia porque el Tribunal es una institución que goza del reconocimiento de las naciones civilizadas de Occidente.
Para que esa fundamental confrontación entre poderes pueda continuar, es necesario que el proceso lo complete el Parlamento venezolano. Pero este martes 10 de abril, a un día de la decisión histórica, se ha preferido mantener debates fútiles.
Sorprende que, en medio de una coyuntura tan significativa, y luego de que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se dirigiera principalmente a la Asamblea, dejando el antejuicio de mérito en manos de los diputados, en la sesión de hoy se decidiera debatir sobre «enfermedades radicadas» en el país o sobre el agua.
Dip.@LuisEParra78: El pasado 22 de marzo se celebró el día mundial del agua, propicia para resaltar la responsabilidad del Gobierno y de la sociedad, en la preservación de este recurso vital. #10Abr pic.twitter.com/NIXmNRHWeh
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 10, 2018
Horas antes de que iniciara la sesión, la denominada Fracción 16 de julio, compuesta por diputados de partidos críticos con la Mesa de la Unidad Democrática y el resto de los parlamentarios —Vente Venezuela, de María Corina Machado; Alianza Bravo Pueblo, de Antonio Ledezma—, exigieron a la Asamblea que se incluyera en la agenda del día un debate sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítimo.
«Debemos dar respuesta a los venezolanos (…) exigimos que la decisión del TSJ legítimo sea discutido hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional», dijo el diputado Richard Blanco a los medios.
#10Abr Diputado a la AN, Richard Blanco: "Exigimos que la decisión del TSJ legítimo sea discutido hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional". Vía @vivoplaynet. pic.twitter.com/wUOehFX6wb
— Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) April 10, 2018
Las solicitudes fueron desoídas y en el Parlamento, aquel presunto gran vestigio de dignidad, se discutió sobre el mal de chagas y los racionamientos de agua.
Más temprano, en una entrevista, el diputado de Primero Justicia, Marco Bozo, aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es, de hecho, inconstitucional. Ladridos no muy diferentes a los de algún cancerbero del régimen.
«Si nosotros queremos restablecer la institucionalidad del país debemos actuar en consecuencia y debemos actuar en lo que se debe al marco jurídico y constitucional (…) Nosotros no podemos ser cómplices de esto», dijo Bozo.
«La oscuridad no se vence con más oscuridad, se vence con la luz. Por lo tanto, nosotros no podemos actuar rompiendo las reglas pasando por encima de la Constitución«, continuó el diputado, como si hubiera acaso una Constitución vigente.
Lo asombroso de lo que dijo Marco Bozo, es que hace referencia a la legitimidad de los magistrados que hoy conforman el ilegal Tribunal Supremo de Justicia: «Hay que ser responsable. Y aquí yo estoy hablando con la verdad: en ese proceso, ¿dónde está la representación de la otra parte que defendiera a Maduro? Es que ni siquiera se está cumpliendo con el debido proceso».
Las mezquinas palabras del parlamentario contra los legítimos miembros del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, refuerzan las intenciones de no debatir e ignorar a la Corte que, de forma paradójica, fue electa por ese mismo Parlamento el año pasado.
Pero esa designación de los nuevos magistrados solo pudo haber obedecido a la presión que se impuso sobre la Asamblea Nacional de Venezuela luego de que el 16 de julio, en un plebiscito, más de 7 millones de venezolanos votaran a favor de restituir las instituciones públicas al servicio de Maduro.
Por último, según el medio Runrunes, del llamado «G4 de la MUD (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), solo VP expresó públicamente su apoyo a la decisión suscrita por el TSJ en el exilio».
«En los pasillos del Palacio federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados ‘legítimos’. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición», se lee en Runrunes.
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