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En República Dominicana no se logró llegar a algún acuerdo. No hay sorpresas. Ingenuo quien pensara que un régimen que ha asesinado y torturado, cedería y permitiría la realización de elecciones libres. Hoy por hoy, las condiciones continúan siendo iguales: inaceptables.
El Consejo Nacional Electoral, junto con sus rectores, carecen de legitimidad y están, además, ampliamente parcializados. Los candidatos favoritos de la sociedad racional se mantienen inhabilitados, presos o en el exilio; mientras que aquellos que convienen a la dictadura gozan de libertad.
Y no solo basta ganar; aún al obtener el triunfo en algún proceso electoral, el régimen cuenta con todas las herramientas para convertir en polvo cualquier conquista. Por último: vive un mamotreto totalitario llamado Asamblea Nacional Constituyente, que puede alterar las reglas del juego a su conveniencia. Y todo lo anterior está subordinado a ese mamotreto totalitario.
No se trata de una conclusión reciente. Corolario simple. Desde 2016, cuando la dictadura de Nicolás Maduro impidió la realización del referéndum revocatorio, quedó establecido que en Venezuela no sería posible lograr el rescate de la libertad a través del proceso electoral.
Ya no existen salidas democráticas. Desde entonces, el fraude se ha convertido en un proceso sistemático y en una herramienta esencial para la consolidación del autoritarismo. La electoral es, al final, la ruta de la dictadura.
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El año pasado se presenció de cerca. Durante los meses más sanguinarios y dramáticos de la Revolución Bolivariana, hubo tres procesos electorales. Podría tratarse de una inmensa paradoja; sin embargo, no lo es. Las elecciones en dictadura están estrechamente relacionadas con las arbitrariedades y los crímenes. Se trata de una compensación.
Es el equilibrio fundamental del régimen: aplanar a la sociedad por un lado, y brindarle esperanzas por el otro. Mientras, se impone un estado constante de delirio. Y en ello colaboran algunos. Cómplices y traficantes de esperanzas. Pretendiendo mercadear cada sufragio como la última y única oportunidad para lograr el necesario quiebre de las fuerzas totalitarias. Ofrecen consuelos metafísicos y bombardean con frases motivacionales: «Un reto que se debe superar».
Así se hizo para las elecciones parlamentarias del quince de octubre del año pasado y el resultado fue atroz: un proceso fraudulento que ni siquiera se pudo demostrar; pero que contó con el respaldo de parte de la sociedad. La dirigencia opositora, al participar en esas elecciones brindó a la dictadura una oportunidad conveniente y a la sociedad se le clavó un puñal en la espalda. Igual ocurrió con las municipales.
Ambos fueron procesos electorales convocados por el régimen con una intención: establecer el sufragio en Venezuela como herramienta para bajar la presión internacional, consolidar aún más el autoritarismo y someter a la oposición a una crisis interna.
Se participó porque se creía que con el voto se podría forzar el quiebre del régimen. Se participó porque también se pensaba que una apabullante mayoría evitaría la solidificación del fraude. También se pensó que se debía obligar al régimen a cometer la arbitrariedad, como si aquello fuese honorable. Todos, mitos y mentiras. Falacias que impulsan y colaboran con la edificación del proyecto chavista. Siempre sustentado en el andamio electoral.
Ahora la Asamblea Nacional Constituyente vuelve a exigir al Consejo Nacional Electoral que se establezcan las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril. El Poder Electoral, arrodillado ante el crimen, elegirá la fecha que les convenga. Y entonces iniciará el nuevo programa que permita la continuación de la dictadura. Todo un proceso viciado e inaceptable.
Lo dijo muy bien el distinguido secretario general de la OEA, Luis Almagro: «Es inaceptable una elección que sea hecha por el régimen del mismo modo que se hicieron las elecciones regionales y municipales. Significarían seis años más del régimen de Nicolás Maduro».
Ciertamente, se trata nuevamente de un proceso bajo unas condiciones inadmisibles. Es insensato pensar que a través de un proceso electoral convocado por la tiranía, la oposición venezolana podría lograr importantes conquistas políticas.
El destacado abogado y articulista, José Ignacio Hernández, reconoció que «no existen en Venezuela condiciones institucionales que garanticen elecciones presidenciales libres y transparentes, pese a los esfuerzos realizados. Por lo tanto, actualmente no es posible una salida electoral».
Es una verdad a la que pocos se han acercado finalmente. Muchos prefieren continuar negando la realidad y ahora presentarán las elecciones presidenciales como otra oportunidad. Insensatos quienes hoy pedirán nuevamente a una sociedad hastiada que se vuelva a someter a un proceso fraudulento subordinado a la criminal Asamblea Nacional Constituyente.
Sabemos qué ocurrió con la ilegal elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Igual que hizo la dictadura el quince de octubre, el 10 de diciembre también. En ningún momento hubo un quiebre ni se hizo daño al régimen. Ocurrió lo contrario. Nada cambiará para esta elección presidencial, convocada por los sátrapas.
Los ciudadanos venezolanos, sensatos y apegados a la verdadera lucha por la libertad, no deben validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Sería el respaldo a canalladas —una alcahuetería peligrosa— y el sometimiento ante la ilegal Constituyente. No puede ser ese el interés de la sociedad racional. Esa misma ciudadanía tampoco se debe prestar a un proceso ilegal que podría brindar a Nicolás Maduro la oportunidad de continuar en el poder.
Ese es el propósito de los tiranos: erigir un totalitarismo sobre procesos electorales fraudulentos. Ellos solo necesitan los electores. Comparsa acompañada por los colaboradores de siempre, quienes merecen todo el rechazo de la sociedad.
Hoy se anunció la celebración de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año. La decisión de la Constituyente llega una semana y un día después de La masacre de El Junquito, donde la dictadura asesinó vilmente a un grupo de rebeldes. Para algunos, son estos los mismos que serían capaces de entregar el poder si les toca confrontar lo evidente: el rechazo de toda Venezuela.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista, catedrático y director del Centro para el Desarrollo Económico del Kennedy School de Harvard, Ricardo Hausmann, dejó claro cuál es la posición que se debe asumir: «Pido al Grupo de Lima y a la comunidad internacional no reconocer los resultados de elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, entidad que el mundo no reconoce».
Es esta la posición adecuada. Cualquier proceso electoral convocado por la ilegítima Constituyente es fraudulento, por lo que debe ser rechazado y denunciado ante la comunidad internacional.
Si el 30 de julio del año pasado, cuando se impuso el crimen que derogó la República, la dirigencia opositora hubiese participado en el ilegal proceso electoral, la historia sería otra. Una mucho más dramática en la que la condena internacional no hubiese tenido la contundencia de aquellos días. Hoy el mundo nos presta atención porque se demostró ampliamente que una tiranía rige Venezuela. Es momento de imponer la agenda y apartarse de la ruta de la dictadura.
Como muy bien escribió el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Carlos Leáñez: «Quien va a cualquier convocatoria de su verdugo, va al cadalso. Quien finge no ver el cadalso, es cómplice del verdugo. Quien realmente no ve el cadalso es un idiota. Desatender las convocatorias del verdugo es un primer —y decisivo— paso».
https://twitter.com/ANC_ve/status/955857764022177793
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