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Cuando el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no pudieron firmar el acuerdo de paz el pasado 23 de marzo, uno de los puntos no solucionados fue cómo desmovilizar a 6.500 soldados de las FARC y cómo ratificar el acuerdo. Ambas partes aseguraron que el pacto que acabaría con la lucha armada de más de medio siglo se firmaría antes de finalizar 2016.
Sin embargo, un problema recurrente que ya no está en la agenda es el dinero. En su momento de mayor fuerza, a finales de los años noventa, las FARC tenían 18.000 soldados y una gran cantidad de dinero proveniente de la minería ilegal, extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Se calculaba que sus ingresos anuales estaban entre los US$ 200 millones y los $3,5 billones. Desde entonces, la fortuna de las FARC se ha reducido, tanto en el campo de batalla como en los bancos. «Sus finanzas no son lo que eran hace 15 años», dice un oficial del Gobierno.
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Pero el grupo pudo haber guardado una gran cantidad de su dinero. De acuerdo con un estudio sin publicar de analistas del Gobierno, incluso luego de pagar para mantener a sus soldados las FARC aún tenían US$ 10,5 millares en 2012, mucho más que el segundo hombre más rico en Colombia, Alejandro Santo Domingo que, según la revista Forbes, tiene un patrimonio de US$ 4.800 millones. Durante las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno trató de extraer algo de ese dinero para compensar a las víctimas de los crímenes del grupo paramilitar. Luego de más de un año de discusiones, las FARC «acordaron con contribuir a las reparaciones causadas a sus víctimas», no obstante, esto no se mantuvo.
El Gobierno es bienvenido para tomar las cuentas bancarias offshore, dijo Iván Márquez, principal negociador de las FARC, en una entrevista con BBC. «Pero no tenemos ninguna (de las cuentas)». Nadie que se sepa que esté conectado con las FARC aparece entre los 850 colombianos cuyos nombres están en los documentos filtrados Panama Papers. Márquez, sin duda alguna, está contento de que el principal negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, sí aparece en los documentos filtrados. De la Calle asegura que sus compañías offshore son legítimas, que fueron reportadas a las autoridades fiscales de Colombia y que ya no están activas.
Analistas financieros creen que el dinero de las FARC está bien escondido; aseguran que sus orígenes están disfrazados, invertidos en Colombia, en compañías de transporte, en propiedades rurales e incluso en mercado de valores. Algunos incluso afirman que gran parte de los fondos se esconden en países como Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Panamá. Autoridades colombianas temen que ese dinero vuelva al país luego de que se firme la paz con el grupo paramilitar. De acuerdo con un estudio de 2015 de la firma consultora Lozano Consultores, 61% de los bancos no están preparados para identificar y reportar el dinero sucio al Gobierno.
Un acuerdo de paz no impedirá a las autoridades en Colombia tratar de seguirle el rastro al dinero de las FARC. Bajo la legislación colombiana se puede medir la fortuna de las personas que misteriosamente se vuelven ricos. Sin embargo, puede que los investigadores no encuentren mucho. En promedio, los gobiernos en el mundo solo detectan 20 centavos de cada US$ 100 de dinero lavado, según calcula la Oficina de Droga y Crimen de la ONU. Eso es una lástima. El precio de implementar cualquier acuerdo de paz, que incluye pagar por quitar minas y por infraestructura, puede ser US$ 15.000 millones a $30.000 millones. Puede que las FARC puedan costear una gran parte de eso gracias a su fortuna escondida.
Fuente: The Economist
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