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Hace cuatro años, Daniel ‘El Loco’ Barrera, uno de los capos más temidos que ha existido en Colombia, alertó, como una especie de pronóstico, el peligro que correría Colombia si las autoridades no detenían la creciente amenaza que significaba el Clan Úsuga.
«Ese hombre es un animal. Es peligrosísimo. Él mata por matar, a niños, al que sea, no le importa», dijo en ese entonces El Loco sobre Darío Úsuga, alias Otoniel, jefe de la banda criminal que comenzaba a crecer en la región de Urabá.
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Las palabras de un criminal tan sanguinario y temido como lo era Barrera, eran realmente alarmantes. No es común que un personaje como él exprese tanto temor como lo hizo en ese momento: «Si en Colombia hay alguien malo, malo y realmente peligroso es ese tal Otoniel de Urabá. Se acordarán de mí. Si las autoridades no cuidan a Urabá, eso, mínimo, va a terminar con unas 400 personas inocentes muertas».
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Lo que fueron terribles pronósticos hace cuatro años, se va acercando cada vez más a la realidad: la cifra aún es incierta y no se acerca a los 400 muertos; pero son decenas y decenas los que hoy han sido víctimas de las balas de los Úsuga.
Hace 4 años, la población colombiana y las autoridades, desconocían la existencia de Otoniel y su sanguinario grupo criminal. Para entonces, los habitantes de Urabá padecían en silencio los atropellos de los Úsuga, hoy, el grupo criminal se ha expandido a 22 departamentos.
Cuatro años después, las cosas han cambiado: el Gobierno estadounidense ofrece US$ 5 millones por Otoniel y el colombiano COL$ 2.500 millones de recompensa.
Los Úsuga, la amenaza de volver a tiempos de Pablo Escobar
Esta semana, la peligrosa banda criminal ha vuelto a la portada de los principales medios del país: en una ofensiva que rememora a los tiempos más oscuros en los que Pablo Escobar dominaba Colombia, los Úsuga ofrecieron a sicarios, propios y ajenos, COL$2 millones por cada policía asesinado. En una semana ya eran diez los oficiales asesinados en cuatro departamentos diferentes.
Además, mientras la caza ocurría, Otoniel y sus subalternos distribuyeron panfletos que informaban a la población la imposición de un paro armado: más de 30 municipios en tres departamentos se vieron afectados, los Úsuga lograron infundir el temor en la población, obligando a comerciantes y colegios a cerrar sus puertas. Varios de los vehículos de aquellos que se atrevieron a desobedecer a los criminales, fueron incinerados.
[adrotate group=»8″]Asimismo, en otro atentado que recuerda a la Medellín de los años 80, los Úsuga ordenaron ampliar el plan pistola: ofrecieron COL$20 millones por la cabeza de los oficiales de inteligencia y los comandos que están detrás de la Operación Agamenón, la más grande ofensiva para acabar con un grupo criminal desde los tiempos del Bloque de Búsqueda de Pablo Escobar.
¿Qué buscan?
En un reportaje llevado a cabo por la publicación Semana.com, se señala que los Úsuga están buscando la manera de demostrar su poderío al Gobierno de Colombia hasta llegar al punto tal que éste último los considere como un grupo paramilitar con el que se tengan que sentar a negociar.
Los Úsuga están buscando obtener reconocimiento político utilizando su sanguinaria maquinaria. Buscan acceder al poder y poder imponerlo para que el Gobierno tenga que incluirlos en una mesa de negociación con las prerrogativas que esto implica.
¿Qué son?
Eduardo Pizarro Leongómez, cofundador e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia y expresidente de la Comisión de Reparación de Víctimas creadas por la Ley de Justicia y Paz, escribió en una reciente columna para Semana.com que «mientras los 25 máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia terminaron en prisión y 14 de ellos extraditados a Estados Unidos, decenas y decenas de mandos medios aprovecharon este vacío de poder para continuar delinquiendo gracias a la experiencia acumulada. Este fue el origen de las denominadas ‘bandas criminales'».
Para Pizarro, estas bandas en surgimiento no pueden ser denominadas «neoparamilitares» o «tercera generación paramilitar», ya que carecen de un rasgo que los definiría como paramilitar: una vocación contrainsurgente.
Además, Pizarro asegura que estos grupos han tenido acuerdos pragmáticos con la guerrilla alrededor de los negocios ilegales y que han enfrentado conjuntamente al Estado. «Las bandas criminales perciben al Estado como una barrera para su lucrativo portafolio criminal: minería ilegal, tráfico de drogas, extorsión, microtráfico y contrabando. ¿Cómo es posible, entonces, denominar paramilitares a grupos que combaten al Estado y que hacen pactos de convivencia con la guerrilla?», sentencia el investigador.
En contraparte a las afirmaciones de Pizarro, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), indica que «el objetivo instrumental de la violencia paramilitar no es sólo contrainsurgente. No lo fue en sus orígenes y no lo es ahora. Incluso en los territorios donde ya habían expulsado a la insurgencia, los antiguos paramilitares continuaron ejerciendo la violencia, como en Barrancabermeja a partir de 2001, Córdoba en 1998, el Bajo Cauca en 2004».
Para Restrepo, existen suficientes semejanzas y motivos que permiten comparar adecuadamente a bandas criminales como los Úsuga con algunos grupos paramilitares. «La violencia paramilitar fue, además, un medio de construcción de poder regional y de ejercicio de poder violento, que correspondía a proyectos políticos regionales de elites tradicionales y emergentes», dice Restrepo.
Con información de: Semana.com.
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