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El multimillonario George Soros y el imperio que actualmente dirige su hijo, Alexander Soros, aparecen junto con su Open Society Foundations relacionados con una reciente demanda contra la Administración Trump a raíz de la deportación de presuntos integrantes de bandas criminales a El Salvador.
En total, 238 miembros del Tren de Aragua y 23 de las MS-13 (Mara Salvatrucha) llegaron a suelo salvadoreño este sábado para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) luego que Washington, con ayuda del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, burlara la orden de un juez federal de detener temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual permite practicar detenciones y deportaciones sin audiencias y sin garantizar el debido proceso, lo que ha generado preocupación en organizaciones civiles.
Para salir al paso, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que el Gobierno estadounidense no tiene dudas de que los migrantes venezolanos enviados y encarcelados en El Salvador son miembros del Tren de Aragua, dado que esta decisión se basó en “información de inteligencia” de las autoridades fronterizas y de inmigración.
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Ante esta situación tan compleja fue que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ayudada por Democracy Forward, una organización de servicios legales y de investigación de políticas públicas, presentó la demanda para detener las deportaciones, sobre la cual se basó el juez principal del tribunal federal de distrito en Washington D. C., James Boasberg, para emitir su decisión cuando los vuelos ya habían despegado, según la vocera de la Casa Blanca. Esta última organización incluye entre sus “clientes y socios” a varios grupos que han recibido dinero de Open Society Foundation.
La ruta del dinero Soros
En el sitio web de la ACLU se lee que la Administración Trump “quiere usar esta política ilegal para alimentar su agenda de deportación masiva y destrozar comunidades”. Sin embargo, omiten los crímenes cometidos en suelo estadounidense por pandillas como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela y convertida en organización criminal trasnacional. Hasta noviembre de 2024 sus delitos se extendían por 16 estados, según reportes de la prensa local. Si bien el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros genera preocupación por la posible estigmatización de todos los ciudadanos de una nacionalidad específica, en este caso venezolanos, también es cierto que la UCLA evita mencionar los delitos que en efecto ha cometido esta banda criminal.
Más allá del reclamo, está el hecho de que la ACLU ha financiado sus acciones con los fondos de George Soros. Por ejemplo, Open Society Foundations le entregó 50 millones de dólares para la reforma de la justicia penal en 2014. Para el año 2020 “prometió 150 millones de dólares a grupos de ‘justicia racial’, como Color of Change y Equal Justice Initiative, que trabajan para elegir y apoyar a fiscales progresistas”, indica un informe de Law Enforcement Legal Defense Fund.
Color of Change, socia de Democracy Forward, fue la misma que apoyó con 1,1 millones de dólares la campaña de Alvin Bragg para fiscal de distrito de Nueva York, el mismo que denunció a Trump por el caso penal que involucraba a la actriz porno Stormy Daniels.
“Migración como herramienta política”
Tampoco es la primera vez que Soros se inmiscuye en asuntos relacionados con la migración. En septiembre del año pasado, antes de las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Kamala Harris, circuló que 560.000 dólares de la Open Society Foundations fueron a parar a la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (National Partnership for New Americans), la cual celebra la naturalización de nuevos votantes como parte de la “nueva mayoría estadounidense”.
Ya lo advertía entonces el portal Daily Wire al mencionar cómo los esfuerzos del grupo financiado por Soros indicaban que la izquierda “sí ve la migración como una herramienta política”, al buscar que el mayor número posible de inmigrantes “se inscriban en las listas electorales como una forma de ‘influir’ en las elecciones”. El hallazgo, más allá de que los demócratas negaron la artimaña, evidenció turbias conexiones.
