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Una nueva medida contra la dictadura venezolana de Nicolás Maduro fue aprobada este lunes por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se llama Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (BOLIVAR), y busca complementar sanciones existentes contra el régimen chavista.
La nueva ley es llamativa por varias razones. Además de prohibir a la actual Administración Biden “contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, así como con cualquier gobierno sucesor de Venezuela no reconocido como legítimo”, también destaca que Mike Waltz es uno de sus principales promotores. El congresista será el nuevo asesor de Seguridad Nacional elegido por Donald Trump para su segundo mandato. Es decir, esta decisión es un mensaje a Maduro y el preámbulo de lo que será el próximo gobierno republicano en asuntos relacionados con Venezuela.
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“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, dijo Waltz desde el Congreso. “Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática. Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, agregó el congresista en esta decisión que poner nuevos límites al régimen.
“Debemos mantener las sanciones y expandirlas”
Waltz no se anda con rodeos ni muestra una actitud ambigua como sí la ha tenido el gobierno de Joe Biden en sus cuatro años frente a la dictadura chavista. “Debemos mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar expandirlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”, reiteró en el hemiciclo.
Hay razones que explican la importancia de esta nueva Ley Bolívar aprobada tanto por demócratas como por republicanos en la Cámara baja. Por ejemplo, la sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año 2020 prohibía al Departamento de Defensa celebrar contratos con empresas relacionadas con cualquier entidad controlada por la dictadura dirigida por Maduro, explica un comunicado de prensa. La Ley Bolívar “impondría las mismas restricciones de contratación al resto del gobierno federal”.
“Considerando la superposición con los contratistas que trabajan con el Pentágono y otras agencias, la Ley Bolívar cubriría a los contratistas restantes que no trabajan con el Departamento de Defensa”, detalla el texto.
El nombramiento de Waltz —un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército, comúnmente conocidos como Boinas Verdes— para el próximo gobierno de Trump sacudió al Pentágono. Tiene una clara postura anti-China, rechaza el progresismo que se infiltró en las instituciones estadounidenses y su experiencia en los campos de batalla de Afganistán o África lo vuelven una figura idónea cuando se trata de enfrentar modelos autoritarios. Con esa actitud promueve la Ley Bolívar contra el chavismo justamente en momentos cuando Miraflores estaría buscando recursos para sobrevivir antes de que tome posesión la próxima Administración republicana.
