La renuncia de Marco Edson Gonçalves Dias como ministro de jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, así como hombre de confianza de Luiz Inácio Lula da Silva, solo es el punto de partida de un enorme revuelo político. Un día después de que salieron a la luz videos que lo comprometen con los ataques contra los poderes públicos el 8 de enero, desde el Supremo Tribunal Federal (STF), el Parlamento y el Palacio de Planalto se están moviendo fichas.
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Paulo Pimenta, ministro de la Secretaría Especial de Comunicación Social (Secom) dijo a GloboNews que el actual mandatario “desconocía las imágenes del circuito interno” de la sede presidencial. Luego de los hechos habría recibido una recopilación de grabaciones, pero estas —extrañamente— no contenían los momentos cuando aparece Gonçalves Dias.
Mientras la administración izquierdista busca evitar posibles responsabilidades por el escándalo de las grabaciones, el expresidente Bolsonaro fue citado a declarar por la Policía Federal de Brasil para el próximo miércoles 26 de marzo. El sistema judicial insiste en que este tuvo que ver con los ataques, a pesar de que las imágenes parecen demostrar otra cosa, ya que es el ministro de Lula da Silva quien aparece guiando y abriendo puertas a los manifestantes. Unas 300 personas siguen detenidas por estar relacionadas con el episodio. Sin embargo, ahora más que antes, abundan las dudas respecto a quiénes son los verdaderos responsables.
De Moraes y la petición de prisión contra Gonçalves Dias
Este 20 de abril más de 30 diputados bolsonaristas exigieron la detención de Gonçalves Dias ante la Fiscalía General. Además, pidieron un trato igualitario con los demás procesados por los hechos, que se incaute su pasaporte y se decrete prisión preventiva.
En pocas palabras, solicitan para el exministro las mismas represalias aplicadas contra Anderson Torres, anterior titular de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, quien está tras las rejas desde hace más de tres meses con problemas de salud, según sus abogados. Dos días antes de que salieran a la luz las grabaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) había pedido revocar su privativa de libertad.
En una carta enviada al magistrado Alexandre de Moraes, y citada por Revista Oeste, detallan que el exfuncionario perdió más de 12 kilos y “ha entrado en un estado de profunda tristeza”. Por eso proponen otras medidas “que cumplen de manera más adecuada los fines en cuestión” como uso de tobillera electrónica, prohibición de salida del Distrito Federal o no mantener contacto con otros investigados. El 8 de enero Torres estaba en Estados Unidos, pero a pesar de eso lo detuvieron cuando llegó al país.
Finalmente, de Moraes rechazó el pedido porque, según él, la investigación reforzó la necesidad de mantener preso al exministro Torres “por las declaraciones de testigos y la incautación de documentos que apuntan a pruebas contundentes de la participación del peticionario en la elaboración de un supuesto ‘proyecto golpista'”. Se desconoce si el magistrado aplicará las mismas decisiones sobre Gonçalves Dias por el escándalo de las grabaciones.
Gobierno de Lula reculó
Desde las estructuras gubernamentales hay más movimientos. El gobierno de Lula pasó de rechazar a apoyar la creación de una comisión que investigue los hechos del 8 de enero. Los videos que publicó CNN Brasil fueron el detonante de ese cambio de opinión.
De desestimar su creación, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ahora dice que el gobierno de Lula da Silva debería haber apoyado desde el principio la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI). No hay que olvidar que hasta mediados de marzo pasado Humberto Costa, senador y vicepresidente del Partido de los Trabajadores, aseguraba que el presidente brasileño haría “todo lo posible para impedir su instalación”.
El STF también puso su propio pie en el acelerador al votar para imputar a los primeros 100 acusados por los eventos de enero contra las sedes de los poderes públicos. Seis de los diez magistrados estuvieron a favor, con lo cual obtienen mayoría, aunque otros cuatro tienen hasta el 24 de abril para revelar su opinión. Alexandre de Moraes fue el primero en dar su veredicto.