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Otra acusación por crímenes de guerra se suma al expediente del presidente ruso Vladímir Putin. En este último caso, las víctimas serían niños ucranianos transportados ilegalmente desde zonas invadidas. Por si fuera poco, a eso hay que sumarle que las circunstancias de dichas deportaciones se vuelven totalmente turbias en medio de la guerra.
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Se desconoce la cantidad exacta de menores deportados desde lugares como Donetsk, pero el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, identificó que serían «al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil”. Por ese motivo es que el alto tribunal emitió este viernes una orden de arresto contra Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Sin embargo, en términos prácticos la orden de captura es poco probable que sea ejecutada. Rusia no forma parte del Estatuto de Roma desde 2016, el instrumento constitutivo de la CPI, lo cual provoca que ni Putin ni Lvova-Belova puedan ser extraditados.
Lo que sí logra esta orden de arresto contra Vladímir Putin y Maria Alekseyevna es dificultarles viajes a países donde el Estatuto tiene jurisdicción.
Aviones con niños
Puede que en Occidente el nombre de Maria Alekseyevna Lvova-Belova no sea tan conocido, pero en Rusia sí. Es la comisionada para los derechos del niño en ese país desde 2021, fue senadora, tiene 38 años y según la CPI «hay motivos razonables» para adjudicarle responsabilidad penal individual en los delitos que comenzaron con la invasión a Ucrania.
No obstante, la visión que tiene la funcionaria de Putin concuerda con lo que Moscú opina de la guerra, a la que llaman «operación militar especial», negando atroces abusos de derechos humanos contra civiles, militares y la destrucción de ciudades e infraestructura ucraniana.
Así como rechazan estos y otros crímenes, también lo hacen con la deportación y transferencia ilegal de menores que denuncia la CPI. Para Lvova-Belova, «es maravilloso que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo para ayudar a los niños de nuestro país».
En un extraño escenario creado por el Kremlin, el 7 octubre de 2022 se informaba oficialmente que la comisionada llevó desde Donetsk a Moscú 53 huérfanos en un avión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Para esa fecha, «234 huérfanos habían llegado desde las repúblicas de Donbás durante la semana pasada».
¿Adoctrinamiento infantil?
Maria Lvova-Belova —madre de cinco hijos biológicos y cuatro adoptivos— reveló que había recibido en casa a un chico de 15 años originario de Mariúpol, ciudad portuaria ucraniana invadida.
«Es la persona más hermosa que he conocido en mi vida», contó el joven Filip en un material que su «madre adoptiva» difundió en noviembre de 2022. Pero tal como reseña CNN, se desconoce si lo hizo bajo coacción.
Por ahora lo único que se sabe es que la funcionaria rusa ha dicho con anterioridad que los niños ucranianos «comenzaron a integrarse» luego de ser llevados con familiar adoptivas, ya que antes «hablaban mal» de Putin. «Así que sí, hay algunas cosas malas al principio, pero luego se transforman para amar a Rusia». Todo esto genera cuestionamientos, ¿es posible que el mundo esté observando un adoctrinamiento masivo de niños por parte de Rusia?.
Reacción internacional
Los niños deportados supuestamente van con familias de acogida y, aunque Moscú quiera disimular los pormenores de cómo son trasladados desde Ucrania, el fiscal Karim Khan habla directamente de raptos. Reveló que visitó una de las residencias de las que supuestamente se llevaron a los niños y habló con personas preocupadas por el destino de ellos. Como era de esperarse, la portavoz rusa Maria Zakharova recordó que las órdenes de arresto provenientes de la Corte Internacional «serán legalmente nulas y sin valor para nosotros».
Para el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, “los delincuentes internacionales rendirán cuentas por robar niños y otros delitos internacionales”. De manera similar se pronunciaron el ministro de Justicia alemán, Marco Buschmann; el responsable de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell y la organización Human Rights Watch (HRW).
