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“Hoy en Brasil está básicamente prohibido discrepar”, con esa frase el diputado más votado en las elecciones de ese país en 2022, Nikolas Ferreira, se refirió a la situación que está atravesando Telegram. La razón es que nuevamente el magistrado Alexandre de Moraes, a través del Supremo Tribunal Federal (STF), activó su aparato de represión aplicando una multa de 1,2 millones de reales brasileños (más de 236.000 dólares) contra la plataforma.
Telegram apeló la decisión que califica como “irregular, nula y excesiva”. Si no es revocada, la empresa solicita que al menos se rebaje la multa a 20000 o 50000 reales brasileños. Pero reitera que el bloqueo de canales “priva a Telegram de ofrecer un servicio confiable y que sus usuarios accedan a los grupos y canales disponibles para obtener información”. El argumento va a acorde a los preceptos de sus fundadores, los hermanos rusos Pável Dúrov y Nikolái Dúrov, sobre la libertad de expresión y derecho a la privacidad.
Aún así, de Moraes se rehúsa a atenerse a esos principios. Por eso aplicó la multa debido a que el servicio de mensajería rechazó bloquear precisamente la cuenta del diputado Ferreira, quien en noviembre del año pasado quedó silenciado por orden del magistrado en Facebook, Instagram y Twitter. Sin embargo, ahora Telegram negó unirse a la censura. A raíz de eso, hay retaliación.
La acusación del Tribunal
La orden del STF llegó el 11 de enero contra la cuenta del diputado conservador y otros influencers seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Porque además, la lista de multas, castigos y vigilancia impuesta por el magistrado desde las pasadas elecciones presidenciales solo ha sido contra seguidores del expresidente. Telegram informó a la Corte Suprema que aplicó parte de la orden, pero pidió reconsiderar el caso de Ferreira.
Por su parte, de Moraes se excusa al aseverar que se está ateniendo al derecho de libertad de expresión y que no está aplicando censura previa. A su juicio, lo que busca es evitar que se produzcan nuevas “manifestaciones delictivas” ya que el diputado conservador habría incentivado los ataques contra poderes públicos en Brasilia el 8 de enero. Pero lo que esconde cada decisión del magistrado, es en realidad el intento por eliminar voces disidentes al gobierno socialista de Lula da Silva. Los ejemplos abundan.
No solo eso, según el portal G1, para el magistrado la decisión de Telegram en Brasil apunta a una “colaboración indirecta” de la aplicación para la “continuidad de la actividad delictiva”. La multa llega a ese monto porque de Moraes determinó que será 100.000 reales brasileños por cada día de supuesto incumplimiento.
Nueva treta de la izquierda
De acuerdo al medio Jornal Da Cidade, un colectivo llamado Grupo Prerogativas, formado por abogados brasileños y otras personas habría usado un video falso de Ferreira para acusarlo de incitar a la violencia el 8 de enero. La solicitud de impedir su asunción la elevaron a Alexandre de Moraes. La farsa quedó al descubierto porque el diputado electo identificó que se trataba de un discurso hecho antes de la segunda vuelta presidencial. “¿Cómo podría estar llamando a los actos del 8?”, cuestionó.
Otros 10 diputados electos, casualmente del Partido Liberal, también forman parte de una lista que el Grupo Prerogativas pretende que sean inhabilitada para asumir sus cargos. Pero desde la Procuraduría General de Brasil lo rechazan porque ni siquiera hay pruebas de que tengan algún tipo de relación con el ataque a sedes de los poderes públicos.
