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Se agudiza el enfrentamiento interno en la oposición venezolana dirigida por Juan Guaidó. La división es inocultable. Un grupo reclama una real rendición de cuentas y el otro acusa a la contraparte de obstruir la presentación de los balances y de dificultar la defensa de los activos venezolanos en el exterior.
Enrique Sánchez Falcón, el procurador especial designado por Guaidó, pertenece al segundo grupo. Durante una rueda de prensa vía Zoom aseveró que no hizo la rendición frente a la Asamblea Nacional electa en 2015 porque «factores políticos» no se lo permitieron. Sus señalamientos fueron directamente al partido Primero Justicia (PJ), que contaría con el respaldo de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD).
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Pasaron pocos días desde que Julio Borges, coordinador nacional de PJ, propusiera a la Asamblea opositora interpelar a Sánchez sobre los activos venezolanos en manos de Guaidó. Borges invalidó a inicios de junio cualquier balance que presentara el procurador, ya que este no se ha sometido a las preguntas de los diputados opositores.
En cambio, para el procurador de Guaidó es desde PJ que dificultan la presentación de su balance. «Hay un actor político que claramente ha mantenido una actitud de obstrucción de la labor de la Procuraduría e incluso se han negado algunos casos para los cuales hemos pedido una colaboración concreta. Estoy hablando de Primero Justicia, ha mantenido una actitud de atacar a la Procuraduría para atacar al Gobierno interino», expresó.
En resumen, no hay entendimiento.
"Solicité que se incluyera una rendición de cuentas formal ante la AN"; sin embargo, sectores políticos se opusieron y negaron esa posibilidad, indica Enrique Sánchez Falcón, Procurador Especial nombrado por la AN 2015. https://t.co/WZ6Zyzngql
— Mibelis Acevedo D. (@Mibelis) July 26, 2022
Sin presupuesto para pelear en tribunales
Otro objetivo en la agenda fue la aprobación de recursos para continuar con los litigios en el exterior. Un tema escabroso para la oposición venezolana representada por Guaidó que gozó en el pasado de amplio reconocimiento internacional. En contraste, hoy el grupo está debilitado, mientras se vuelve complaciente con el chavismo, sin reclamar tampoco por el alivio de sanciones desde Estados Unidos.
En ese punto Sánchez se detuvo para informar que actualmente están en proceso 62 arbitrajes y 139 juicios. El monto total en juego en todos esos procesos legales superan los 40.141.223.586,53 dólares. Una cifra tan extensa como alarmante, considerando que el régimen de Nicolás Maduro es el adversario al que la gestión de Guaidó se enfrenta en distintos tribunales.
Aquí aparecen de nuevo los señalamientos contra los otros partidos que integran el llamado G4. Según el procurador de Guaidó, falta presupuesto para continuar defendiendo los activos en tribunales. Esto, según una reseña de Efecto Cocuyo, «ha ocasionado limitaciones en la contratación de abogados y casos en los que se ha declarado default ante la incapacidad de negociar con los acreedores por la morosidad».
«Es una irresponsabilidad dejar al Estado en condición de indefensión por no pagar 20 o 30 millones de dólares cuando están en juego 40.000 millones de dólares», reiteró.
En este sentido, Sánchez no tiene muchas esperanzas con la disputa por Monómeros y una de las razones es la reciente elección del izquierdista Gustavo Petro como presidente de Colombia, ansioso por reconocer a Maduro apenas tome posesión el 7 de agosto. Respecto a las 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, se mostró más optimista.
Pero más allá de las cifras y los exhortos, lo que deja en evidencia la rueda de prensa virtual del procurador son las diferencias dentro de la oposición venezolana que siguen frenando su avance mientras el régimen se consolida.
