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Funcionarios venezolanos corruptos que buscaban refugio en España terminaron siendo extorsionados por un grupo de personas que les prometieron librarlos de acusaciones ante la justicia. Un negocio que les salió caro e improductivo debido a que la red no vendía más que humo. Es así como cayeron personajes que van desde Claudia Patricia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez, y Alejandro el ‘Tuerto’ Andrade, extesorero venezolano, hasta Carlos Luis Aguilera, exjefe de los servicios secretos del chavismo.
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Es un caso que la justicia española investiga bajo el nombre de «Operación Caranjuez». Dicha red aseguraba tener contactos en la policía y en el sistema judicial a cambio de evadir problemas legales, además prometía la agilización de documento. El precio a pagar eran altas sumas de dinero.
En la investigación sale a relucir el nombre de Martín Rodil, un lobista venezolano residente en Estados Unidos y supuesto líder de la organización. Recibe el calificativo de «sujeto central de la trama» desde Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción española. Esta persona fue mencionada en el testimonio de Carlos Aguilera en 2019, quien confesó que Rodil «le adelantó que las autoridades españolas lo iban a investigar y le ofreció ayuda para resolver sus problemas», según citó La Razón.
El audio de la extorsión
La «Operación Caranjuez» no se había dado a conocer debido a que se mantenía en secreto, hasta que en marzo de este año medios españoles reseñaron la captura de un exmilitar israelí (presunto líder de la red en España), un abogado y un inspector de la Policía Nacional.
Pero es quizás un audio entre Rodil y el exministro de Electricidad venezolano, Javier Alvarado, obtenido por El Español, lo que deja en evidencia el modus operandi del grupo y da cuenta de que funcionarios corruptos también son susceptibles a ser víctimas de otros criminales.
Allí el extorsionador le explicaba al exministro que si lo citaban en Fiscalía podría tener el mismo destino que Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, quien apenas pisó el aeropuerto le pidieron testificar en calidad de testigo, pero cuando acudió, le anunciaron su imputación por delitos de blanqueo y corrupción. Lo siguiente es un extracto de la conversación obtenida por el medio español:
Martín: Ten cuidado, porque deben estar buscándote para mandarte una citación a ti. Si te llega una citación de esas, hermano, sal de aquí.
Javier: Vale. Ok, pero me interesa eso que me estás contando. ¿Y cómo quedó por fin?
Martín: Muy peligroso, muy peligroso. Porque una imputación te pueden quitar el pasaporte, una imputación te pueden arrestar, te pueden hacer otras cosas.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española indica que Villalobos participó en un entramado para lavar 53,4 millones de euros de dinero venezolano por medio de un entramado de empresas en España, entre otros negocios ilícitos. Él habría pagado unos seis millones de euros a esta red española.
Por su parte, Alvarado fue detenido en 2019 en Madrid por blanqueo de capitales a través de PDVSA.
Promesas fraudulentas
Las promesas pasaban por la obtención de pasaportes, creación de cuentas bancarias o la paralización de investigaciones en el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). A Javier Alvarado incluso le habrían ofrecido un agente a medida, «al que llamar en caso de que fuera detenido ‘para evitar que fuera reseñado policialmente’, por el módico precio de millón y medio de euros», agrega La Razón.
Pero no queda allí. Las presuntas víctimas pagaban a una cuenta bancaria en Hong Kong, propiedad de una firma en Panamá llamada ATC Engineering and Consulting Limited Corp.
Puede que las sumas hayan sido exorbitantes, pero no los salvaron de la cárcel. La misma Claudia Patricia Díaz fue extraditada hace pocos días de España a EE. UU. sin derecho a fianza mientras esté siendo juzgada por «riesgo de fuga».
