El gobierno ruso de Vladímir Putin está siendo señalado por crímenes de guerra en Ucrania, ha provocado la huida de millones de personas y con cada día que pasa de la invasión, sigue ejerciendo presión para anexarse territorios del país vecino. Aún con este prontuario, pretende enjuiciar a soldados ucranianos el próximo 26 de mayo con la posibilidad de sentenciarlos a pena de muerte.
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Desde 1996 existe en Rusia una moratoria que impide aplicar este tipo de penas sobre prisioneros. En el año 2009 la medida se extendió indefinidamente. Sin embargo, Leonid Sluzki, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembro de la delegación rusa en la mesa de conversaciones con Kiev, está exigiendo eliminar la orden. “Hay que demostrar al mundo entero que los nacionalistas ucranianos solo merecen la pena de muerte”, dijo según declaraciones replicadas por DW.
Su implacable propuesta violaría el derecho internacional. Expertos lo han dejado claro. El trato que deben recibir, lejos de una ejecución, está plasmado en el artículo 13 del Convenio de Ginebra de 1949. Saltarse la ley constituiría otro crimen de guerra.
Soldado ruso juzgado en Ucrania
Para mayor ironía en Ucrania está siendo juzgado el primer soldado ruso bajo otras condiciones. Se trata de un joven de 21 años que admitió haberle disparado a un hombre de 62. La sentencia que le espera es la cadena perpetua. Un contraste con lo que pretenden hacer desde el Parlamento ruso de sentenciar a pena de muerte a los soldados ucranianos que defendieron su territorio.
Los fiscales reseñados por BBC indicaron que Vadim Shishimarin estaba al mando de una unidad en una división de tanques cuando su convoy fue atacado. “Él y otros cuatro soldados robaron un automóvil y mientras viajaban cerca de Chupakhivka (una ciudad cercana a Kiev), se encontraron con el hombre de 62 años en una bicicleta”. Desde el Kremlin dicen que desconocen el caso.
Mientras esto ocurre, el Ministerio de Defensa de Rusia cuenta casi 2000 soldados rendidos en la acería Azovstal, ubicada en Mariúpol, donde se refugiaban desde hace varias semanas. De ahí salieron los militares que deberán enfrentarse a un juicio, integrantes del regimiento de Azov.
Y ya que el plan de Moscú es crear un corredor desde la región del Donbás hasta Moldavia, para continuar con su retórica triunfalista, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció la “rendición” completa de los ucranianos en la acería, tras la entrega de los últimos 531 soldados.
Rusia bajo observación internacional
Que Vladímir Putin pretenda dibujar ante la comunidad internacional un supuesto avance de sus planes no significa que no esté siendo observado. Amnistía Internacional ve de cerca el trato que Rusia pretende darle a los soldados ucranianos y exige respetar sus derechos humanos.
La organización asegura que están “deshumanizados” al ser presentados ante la ciudadanía rusa como “neonazis”, lo que “despierta preocupación sobre su destino como prisioneros de guerra”. Pero permanece la duda de si realmente existen opciones tangibles para ayudar a los soldados ucranianos en el corto plazo. Como es bien sabido, la ONU iniciará una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia, pero esos procesos demoran años.
Finlandia se queda sin gas ruso
Como última medida de coacción, el gobierno de Putin anunció que Gazprom cortará el flujo de gas hacia Finlandia, país que presentó recientemente su solicitud para adherirse a la OTAN. La decisión se debe a que la compañía Gasum niega hacer el pago en rublos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió: “Gratis nadie va a suministrar nada”.
La empresa finlandesa dice haberse preparado para el escenario, que comenzará a ocurrir en pocas horas. Pero lo cierto es que la dependencia europea de la energía de Rusia es enorme. Cuando comenzó la guerra se estimaba que el continente importaba más de 46 % de gas de territorio ruso, según Eurostat. Un indicador que va disminuyendo conforme se tejen nuevas alianzas en Occidente que Putin ve como un obstáculo para sus planes expansionistas.