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Lo que ocurrió con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, parece ser solo el comienzo. Más nombres podrían sumarse a la lista de funcionarios suspendidos provisionalmente por presunta «intervención en actividades o controversias políticas» en la recta final para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
Junto con el alcalde de Medellín hubo otros tres sancionados por la Procuraduría colombiana bajo las mismas sospechas. Pero el listado podría no estar completo todavía, a ellos podrían unirse los gobernadores de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo y de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, según información difundida por el programa Los Secretos de Darcy en La FM.
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Tanto Quintero como Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, fueron advertidos de actividades proselitistas previas. Pero las ignoraron. Y para demostrarlo, la Procuraduría colombiana reveló un documento con las evidencias que avalan la suspensión. Mensajes en Twitter y el descarado video girando la palanca de su automóvil hacia la izquierda y hablando de un «cambio en primera» engrosan el informe de 22 páginas. En resumen, en todas Quintero “hace referencia a las elecciones de 2022, especialmente al Pacto Histórico».
#ATENCION Estas son las razones de la investigación de la Procuraduría por participación en política al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que terminaron en la suspensión de su cargo. Se investiga denuncia sobre buses contratados por la Alcaldía en sede de campaña Petro. @lafm pic.twitter.com/oNFETq7yZE
— Santiago Ángel (@santiagoangelp) May 11, 2022
Las reacciones y el llamado «a las calles» de Petro
Apenas se dio a conocer el inicio de la investigación comenzaron las reacciones. Como la del candidato izquierdista Gustavo Petro, que lo tildó de «golpe de Estado», a pesar de que el concepto que cita está orientado hacia presidentes, no a un alcalde. No conforme con eso, hizo un llamado para «salir a las calles» con el supuesto fin de defender la democracia. Un llamado similar hizo hace un año por la reforma tributaria y el resultado fueron enormes saldos de destrucción y muerte en el país.
Haciendo caso omiso a esa reacción de Petro, hay otras que se han ido sumando. Como la de la senadora Paola Holguín, para quien “el video del carro es lo de menos”, teniendo en cuenta que el alcalde de Medellín había difundido una entrega de computadoras seguida por la imagen del candidato presidencial de la izquierda. Otro caso fue la contratación de unos 12000 autobuses para movilizar estudiantes, «pero también habrían sido utilizados en la campaña de Gustavo Petro», según reseñó Semana.
La candidata presidencial Ingrid Betancourt lo ve desde otra arista: la respuesta del Petro. «Pedirle a la gente que salga a las calles lo que hace es anunciarnos lo que va a venir próximamente si el candidato llegara a ganar», dijo a 6 AM de Caracol Radio.
Para el aspirante a la Presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, «ambos bandos políticos son igual de condenables».
La investigación no está parcializada
Puede que el candidato Gustavo Petro quiera tildar la investigación de la Procuraduría colombiana como fuera de la ley o parcializada, pero no es así. El alcalde de Ibagué también forma parte de las averiguaciones por su presunto apoyo público a favor del candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. Pero en este caso, desde la izquierda no se habla de «golpe de Estado».
Hurtado niega la participación, aunque el pasado 13 de marzo, cuando hubo elecciones al Congreso de la República, el alcalde dijo lo siguiente: “Me identi…Fico con el Equipo por Colombia, los que han hecho, por supuesto, por este país, entonces ahí estaremos adelantando nuestro derecho fundamental al voto”.
Instancias independientes han recibido numerosas denuncias sobre presuntas intervenciones políticas. 203 para ser exactos de las registradas por la Misión de Observación Electoral (MOE) a través de su plataforma Pilas con el voto. Del total, 117 corresponden a simpatías demostradas por funcionarios públicos a través de redes sociales y eventos, otras 86 surgieron por la presión de funcionarios públicos a contratistas o particulares. Es la irregularidad con más reportes recolectados por el grupo independiente.
Hacer actos proselitistas cuando se es funcionario público electo por los ciudadanos es un delito que se paga. Y la procuradora colombiana, Margarita Cabello, dijo que no tolerará que «la vinculen en controversias» por la investigación. Después de todo, en el caso del alcalde de Medellín estaba siendo investigado desde hace dos meses por varios hechos.
