Basta que un gobierno, sea cual sea, esté bajo presión para romper las promesas hechas en campaña. Pasa desde Europa hasta América. En el caso específico de Estados Unidos, los grupos ambientalistas observan cómo la Administración Biden está traicionando su compromiso al verse ahogado en el aumento de los precios de la energía y la mayor inflación en 40 años. Las medidas que está tomando podrían dejar atrás aquellas proyecciones de reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030.
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No solo se trata de permitir la venta en todo el país de gasolina mezclada con etanol al 15 % —para lo cual necesitó una exención de la Agencia de Protección Ambiental— ahora también reanudará la venta de permisos para extraer gas y petróleo en terrenos públicos federales. Las organizaciones y voceros ambientalistas lo toman como un fuerte golpe a pesar de que se redujo en 80 % la oferta de terrenos (144.000 acres en lugar de 733.000). Si antes había descontento entre la población por el manejo de la economía, ahora se suman los ecologistas que confiaron en la agenda verde demócrata.
La Casa Blanca dice que se sigue esforzando en cumplir aquella promesa ambientalista, y para sopesar su última decisión anunció que las empresas que accedan a esos terrenos públicos pasarán a pagar regalías de 12,5 % a 18,75 %. Pero nada contenta a las organizaciones defensoras del ambiente. Después de todo, fue uno de los grupos que más apoyó a Biden cuando aspiraba a la presidencia. Pero la economía impone la agenda. Más que por el daño a los bolsillos estadounidenses, es el costo político que tendrá para los demócratas de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
La promesa ambientalista olvidada
Los argumentos coinciden: Biden no está dando la talla en materia de preservación del ambiente porque sigue priorizando los combustibles fósiles. Eso, para Randi Spivak, del Centro para la Diversidad Biológica, es “un fracaso imprudente de liderazgo climático”.
Parece que en el olvido quedaron las palabras del actual mandatario cuando aún se medía para las elecciones. “Y, por cierto, no más perforaciones en tierras federales, punto. Punto, punto, punto”, dijo en febrero de 2020. Dos años después, su secretaria de prensa, Jen Psaki, dice que “la sugerencia de que no permitiremos que las empresas perforen es inexacta”. Pero como nada queda oculto en internet, la comparación salió a flote.
Biden in 2020: "No more drilling on federal lands. No more drilling, including offshore. No ability for the oil industry to continue to drill. Period.”
Jen Psaki this week: "The suggestion that we are not allowing companies to drill is inaccurate." pic.twitter.com/GZQKNjhEGL
— Townhall.com (@townhallcom) March 9, 2022
La guerra en Ucrania también le ha servido a la Casa Blanca para ocultar sus fracasos. Como el hecho de que hace una semana, Psaki responsabilizara de la inflación a «la subida de precios de Putin». Pero los preocupantes indicadores venía subiendo desde mucho antes.
El argumento de Washington es que realmente se está priorizando a las comunidades y al ambiente con la decisión de reanudar la venta de permisos. Pero pocos lo creen. “La administración no solo no está haciendo todo lo que podía, sino que en realidad no está haciendo nada”, refiere un comunicado de Kyle Tisdel, director del programa de clima y energía del Western Environmental Law Center, citado por ABC.
Un expediente poco verde
Puede que la decisión de volver a alquilar terrenos públicos sea la cereza del pastel. Pero el expediente ambientalista de la Administración demócrata no está del todo limpio. En noviembre de 2021, Biden recorrió Roma con una caravana de 85 vehículos a base de combustible, días después se presentó en la cumbre del clima COP26 en Glasgow, Escocia.
A esto se suma que ese mismo mes, luego de regresar de la cumbre, el Gobierno demócrata subastó entre compañías de petróleo y gas grandes extensiones de agua de propiedad federal en el Golfo de México. Esto también molestó a los ambientalistas, pero la Casa Blanca culpó a la anterior Administración de Donald Trump, por establecer ese arrendamiento. En enero de este año, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia canceló el contrato. Iba a ser la mayor venta de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar en la historia de la nación, según The Washington Post.
De manera que la Administración Biden ha dado importantes pasos en falso. Lo que da lugar a la poca fe que ahora los ambientalistas le tienen a su promesa.
85 gas guzzling vehicles.
Flown there for no purpose. Just a vanity visit.
Very green.https://t.co/c7JwBhUMnt via @nypost
— Steve Milloy (@JunkScience) October 30, 2021