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Una reciente reunión entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el dictador venezolano, Nicolás Maduro, se llevó a cabo en Caracas para anunciar la creación de futura oficina del organismo en ese país. Los análisis no apunta a una aceleración de la investigación por crímenes de lesa humanidad. Al contrario, podría tratarse de un paso burocrático que dilate el proceso.
Esto ocurrió en el marco de la investigación formal por crímenes de lesa humanidad que el máximo tribunal internacional dio por iniciada recién Karim Khan sustituyó a Fatou Bensouda. Los avances o retrocesos preocupan sobre todo a los presos políticos registrados por organizaciones venezolanas independientes.
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Lo primero que Khan sacó a colación en un pronunciamiento posterior al encuentro en Venezuela fue la creación de una oficina en Caracas para “permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí”.
Sin embargo, los análisis que se desprenden del anuncio apuntan en distintas direcciones. Como el de Mariano de Alba, experto en derecho internacional, quien argumenta que la visita del fiscal de la CPI a Caracas “reafirma que la oficina que lidera Karim Khan ha decidido darle prioridad a tratar de construir una relación de cooperación con las autoridades venezolanas”. Lo que pueda durar esa oportunidad posiblemente tenga que ver con el anuncio de una conferencia en la capital venezolana en la segunda mitad de 2023. Pero hay otro mensaje implícito, según el experto.
“Para su oficina, en este momento y en el corto plazo, no es una prioridad avanzar con la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La prioridad es cooperar con el gobierno para que hayan procedimientos genuinos en el país”.
Una muestra del tiempo que va a durar esa oportunidad para que las autoridades de #Venezuela demuestren resultados en términos de investigaciones y juicios genuinos, es el anuncio de la celebración de una conferencia en Caracas en la segunda mitad de 2023.
— Mariano de Alba (@marianodealba) March 31, 2022
¿Consenso o complacencia?
La dictadura venezolana tiene hasta el 16 de abril para informar a la CPI si está investigando o no los crímenes de lesa humanidad en el país. El plazo fue notificado en diciembre de 2021. Inicialmente, el período de rendición de cuentas habría sido el 16 de enero, es decir, tres meses antes, pero ciertas complicaciones argumentadas por el organismo dificultaron la ejecución de reuniones para continuar el proceso.
Fueron tres meses más que ahora pudieran extenderse, tomando en cuenta las últimas novedades y acuerdos. Tras los encuentros con Maduro y parte de su gabinete, también se estableció hacer reuniones de trabajo entre las partes. Karim Khan lo calificó como “un consenso, en el sentido de que la Fiscalía podrá trabajar con organizaciones internacionales y con asociados, colaborando con el apoyo de Venezuela”.
Tanta cercanía es lo que genera suspicacia en algunos analistas. También hay quienes son más optimistas. Tal es el caso de la periodista Carla Angola, quien prefiere creer que se trata de una estrategia para tener a Maduro “vigilado”.
Lo tienen vigilado!
Lo tratan con cariño y diplomacia.
Le pasan la manito a Maduro.
Pero la Corte Penal le montará una oficina en Caracas y además les pidió libre acceso a Venezuela.
Al acusado, hay que tenerlo cerca.
Video CORTESÍA pic.twitter.com/lXdU0GgL5X— Carla Angola TV (@carlaangola) March 31, 2022
Maduro, por supuesto, vanaglorió su sistema autoritario. “Ahora estamos en un proceso de reforma profunda, yo le he llamado la revolución de la justicia, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, en leyes, en métodos de trabajo”, fueron parte de sus palabras.
Sin embargo, está la apreciación de otras figuras relacionadas con la investigación independiente de derechos humanos en Venezuela, como Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute, que apunta a que el chavismo no podrá ocultar al fiscal los abusos que se siguen cometiendo en el país. “Como presos políticos arbitrariamente detenidos, varios con más de tres años sin juicio; falta de interés real en investigar las torturas denunciadas y ninguna investigación de responsables civiles y militares”.
