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Estados Unidos sigue emitiendo sanciones contras funcionarios cubanos que amedrentaron, encarcelaron y enjuiciaron cubanos durante las protestas del 11 de julio y 15 de noviembre del año pasado. La Administración Biden ofreció una tibia respuesta cuando iniciaron las primeras protestas, sin embargo Washington parece fijar posición a medida que emite castigos contra los involucrados en la represión y luego de críticas por adoptar un enfoque blando hacia la dictadura de la isla.
Esta vez se trata de ocho funcionarios quienes recibieron restricciones de visas por estar presuntamente implicados en los juicios y arrestos. Sus identidades no fueron reveladas aunque en un comunicado Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU. reconoció la existencia de «600 manifestantes» que permanecen encarcelados, algunos de ellos «en condiciones de salud que empeoraron y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos».
Pero Blinken se quedó corto con la cifra. La organización Cubalex llevó desde el inicio de las detenciones un registro detallado, incluyendo los números por provincia, lugares de arresto, edad e incluso color de piel. Hasta ahora el balance es de 708 personas que permanecen en la cárcel.
Los castigos que está recibiendo el régimen cubano eran la crónica de una muerte anunciada. Cuando la población civil y organizaciones que defienden la libertad anunciaron protestas para el 15 de noviembre, Washington advirtió a La Habana. El castrismo desestimó el llamado de atención y ni siquiera permitió las protestas, sitiando y apresando a los disidentes.
23 funcionarios sancionados
Se podría trazar una línea de tiempo del anuncio de sanciones a funcionarios cubanos desde julio de 2021. En total van 23 funcionarios y tres grupos relaciones a fuerzas policiales y militares del Estado.
Los abusos del régimen llegaron a tal punto que varios manifestantes quedaron sometidos a juicios sumarios. Sin defensa, sin ser escuchados y sentenciados de manera exprés. Algunos recibieron un año de cárcel sin pruebas sobre infracciones o delitos.
- 22 de julio: la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) castigó a Álvaro López-Miera, una ficha militar clave del castrismo y actual ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR). Dentro del anuncio también estuvo el grupo conocido como «Boinas Negras», un grupo militar del gobierno señalado por violar derechos humanos.
- 30 de julio: se sumó al grupo de sancionados la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba (PNR) y sus dos principales directivos, Óscar Callejas Valcarce y su subdirector Eddie Sierra Arias. El cuerpo policial ya tenía otras sanciones desde la presidencia de Donald Trump.
- 13 de agosto: Washington lanzó sus dardos contra Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe de la PNR y Romarico Vidal Sotomayor García, líder de la cartera del Interior. Los «boinas rojas», una unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba también entraron en la lista.
- 30 de noviembre: nueve funcionarios cubanos sufrieron nuevas restricciones de visados. Esta vez el motivo fueron los abusos el 15N.
El reclamos del régimen cubano
Así como culpan a EE. UU. de los problemas de desabastecimiento y economía de la isla, el régimen también aprovecha para criticar las últimas sanciones, tildándolas de «coercitivas». Así las calificó el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez. El funcionario lanzó el calificativo desde Buenos Aires, Argentina donde se celebra la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Al régimen no le gusta rendir cuentas cuando se trata de transgresiones a los derechos humanos, pero no escatima en hacer cada vez más miserables a los cubanos mientras gasta millones de dólares exaltando a Fidel Castro, el precursor del fracasado modelo comunista en la isla.
