Nicaragua amaneció con elecciones y con más opositores presos. La víspera a la jornada electoral trajo consigo el arresto de menos nueve líderes territoriales según denuncias de organizaciones creadas en 2018 cuando las violentas protestas contra la dictadura de Daniel Ortega. No es extraño. El mandatario espera su cuarta reelección consecutiva y en horas de la noche del sábado se encargó de eliminar sus últimos obstáculos.
La detención de ocho de ellos ocurrió en redadas ilegales, aseguró la dirigente de la opositora Unidad Nacional, Alexa Zamora. Otra organización, la Alianza Cívica, anunció la detención de otro de sus líderes, informó EFE. Horas más tarde con la urnas ya abiertas, medios nicaragüenses denuncian la presencia de líderes sandinistas “supervisando” los centros electorales.
“En Nicaragua persisten el hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques y detenciones ilegales arbitrarias de nuestros dirigentes municipales, departamentales y enlaces territoriales”, advirtió la Alianza Cívica a raíz de la detención de uno de sus integrantes.
Ortega se embriagó de poder desde aquella “Revolución Sandinista” de 1979 cuando estuvo escoltado por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar a Anastasio Somoza. Y aunque no logró la reelección en 1990, regresó en 2007 a la presidencia para nunca más soltarla.
El portal La Prensa de Nicaragua hace un competente repaso de razones por las cuales estos comicios carecen de ilegitimidad. Tal como aseguraron expertos, atrás quedó la autodeterminación de los pueblos. En pocas palabras, el país centroamericano pasó a sufrir la autodeterminación de su dictador.
Sin oposición
Seis días antes de las elecciones se contabilizaban 39 opositores y precandidatos arrestados por la Policía Nacional. En muchos casos el Estado argumenta “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera “. Para hacerlo, usa una turbia legislación aprobada en 2020 llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación, aprobada en diciembre de 2020.
Siete precandidatos ni siquiera lograron inscribirse ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). Por lo tanto, no hay adversarios reales. Cualquiera de ellos ganaría con 65 % de los votos, dejando a Ortega con solo 19 % según una encuesta de CID-Gallup publicada a mediados de octubre.
CSE al servicio de los Ortega-Murillo
A la institución la conforman 10 magistrados, seis de ellos están alineados con el FSLN, partido dirigido por Ortega y su esposa Rosa Murillo a la que llama “copresidenta”. Es una de muchas artimañas, considerando que el dictador logró en 2014 una reforma constitucional que abrió la puerta a la reelección indefinida.
Otra controvertida ley ordena que el partido sandinista presida toda la estructura electoral a nivel nacional. Una cuota repartida con el Partido Libre Constitucionalista (PLC). Sin embargo, el medio nicaragüense cita denuncias de que el FSLN pasa por encima de los funcionarios liberales en Consejos electorales municipales, departamentales y regionales.
Desaparición de partidos opositores
Fue noticia cuando el CSE inhabilitó en agosto pasado a Ciudadanos por la Libertad (CxL), el principal partido opositor. No obstante, no fue el único caso. A este se sumaron el Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC).
Al perder su personalidad política, también quedaron imposibilitados de inscribirse en la boleta electoral. Los grupos políticos restantes ahora fungen como una especie de satélites que giran en torno al partido del mandatario. Han sido acusados de “zancudismo”, una vieja técnica usada en ese país de coaliciones complaciente que simulan una oposición.
Sin prensa ni observadores internacionales
No hubo acreditaciones para medios como CNN, The New York Times o El Heraldo. Mientras tanto, las oficinas de La Prensa y 100 % Noticias fueron tomadas por el Estado.
Este escenario, sumado a los anteriormente mencionados han logrado que la observación internacional de la espalda a unas elecciones amañadas. Ni la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter enviaron personal que verifique los comicios. Según la dictadura, este domingo hay 170 observadores, pero ninguno de organizaciones reconocidas
Nula campaña electoral
Tampoco hubo campaña electoral. Con la excusa del COVID-19 el órgano electoral prohibió concentraciones que superaran las 200 personas y caravanas de vehículos. Cada actividad no podía superar la hora y media de duración.
Los partidos complacientes al régimen no hicieron campaña. Pero la dictadura, tal como lo hacen otros autoritarismos de la región, promovió su campañas a través de ministerios e instituciones.
Es así, como Nicaragua llegó hoy a unas elecciones presidenciales que no arrojarán ningún resultado distintos. El peligro, radica en que la reelección de Ortega puede servir de aliciente para otros países socialistas del hemisferio.
«En América Latina, por nuestra cultura política poco apegada a lo democrático, hay muchos líderes que sueñan con eternizarse, por lo tanto estos ven en el caso de Nicaragua un modelo a seguir», afirmó recientemente a PanAm Post Leandro Querido presidente de la organización Transparencia Electoral.