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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ante un juez federal una solicitud para que Twitter restablezca su cuenta. El exmandatario republicano quedó censurado en enero de este año, y desde entonces, esta y otras empresas como Facebook y Google se niegan a permitir su regreso. En la denuncia presentada en el Distrito Sur de Florida asegura que el veto de la red social de Jack Dorsey se debe a la presión de sus rivales políticos en el Congreso.
Muchas cosas han pasado desde la irrupción en el Capitolio estadounidense por parte de seguidores de Trump el pasado 6 de enero. Los CEO de estas empresas comparecieron ante la Cámara baja por sus decisiones alrededor del hecho. En ese momento, Dorsey, director ejecutivo de Twitter, admitió ser responsable en parte por la difusión de «desinformación» previo al asalto a la sede del Poder Legislativo. Sin embargo, el líder republicano sigue siendo silenciado.
Twitter “ejerce un grado de poder y control sobre el discurso político en este país que es inconmensurable, históricamente sin precedentes y profundamente peligroso para abrir el debate democrático”, cita el texto para la medida cautelar, presentado por los abogados de Trump y replicado por Bloomberg. También recordó las etiquetas de “información engañosa” que recibieron sus mensajes antes de que la censura fuera permanente.
El expediente de Twitter
Paradójicamente, Twitter permite que mensajes ligados a la violencia y el terrorismo sigan circulando entre sus usuarios. Ejemplo de ello son las cuentas de voceros del movimiento talibán que tomó violentamente Afganistán tras la caótica retirada de tropas estadounidenses por parte del gobierno de Joe Biden. Ellos tratan de aparentar normalidad, pero son conocidos los nexos con Al Qaeda que derivaron en 2001 en el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Sin mencionar el abuso de derechos humanos que siguen promoviendo en el país centroasiático.
En julio pasado, Trump anunció una demanda colectiva contra Twitter, Facebook y Google para hacerlos «rendir cuentas» por lo que considera un ataque a su «libertad de expresión». No solo busca probar la presunta ilegalidad de la decisión, también apunta a defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las Big Tech dejen de «silenciar», «poner en una lista negra» y «cancelar» a los estadounidenses.
